"Es imposible introducir a la Sociedad un... mal mayor que... convertir la ley en un Instrumento de despojo."
Frederic Bastiat
Los intentos por clausurar la planta regasificadora Energía Costa Azul de Ensenada han resultado en la cancelación, cuando menos temporal, de un nuevo proyecto de inversión de 3,500 millones de dólares de Sempra Energy en La Rumorosa, Baja California. La falta de certeza jurídica y la impunidad con la que opera un grupo que busca extorsionar a la empresa han llevado a esta decisión.
El 12 de febrero de este año, como lo señalé en el artículo "Costa Azul" del 14 de febrero, el presidente municipal priista de Ensenada, Enrique Pelayo, envió a un centenar de policías municipales a clausurar las instalaciones 23 kilómetros al norte del municipio de Ensenada argumentando que los permisos de operación habían sido otorgados de manera ilegal. Horas después las autoridades estatales y federales procedieron a reabrirlas con el apoyo de la Policía Federal y del Ejército. Hasta este momento la planta continúa operando bajo resguardo federal.
Tanto la Secretaría del Ambiente (Semarnat) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han señalado que la planta cumple con la ley. La CRE va más allá y apunta que la regasificadora forma parte "del plan estratégico del Gobierno Federal... para dotar al país de la infraestructura necesaria para garantizar su seguridad energética". Advierte además al alcalde que "la actividad de almacenamiento de gas natural es de exclusiva jurisdicción federal". La Comisión Federal de Electricidad ha apuntado, por otra parte, que la interrupción de la provisión de gas de Costa Azul "provocará serias afectaciones en la continuidad del servicio eléctrico en la zona costera de Baja California y en las zonas de Tijuana, Ensenada y Mexicali".
La presidencia municipal de Ensenada, sin embargo, ha señalado públicamente que no cejará en sus esfuerzos por cerrar una planta en la que Sempra Energy ha hecho una inversión de 1,200 millones de dólares.
La primera víctima de una clausura sería el propio pueblo de Baja California, que sufriría recortes en el servicio de electricidad. Una segunda víctima serían los planes de inversión de una de las principales empresas internacionales en el campo de la energía.
La incertidumbre jurídica ha hecho, efectivamente, que Sempra suspenda por el momento una ambiciosa inversión en generación eólica en la zona de La Rumorosa para el cual ya tiene terrenos comprados. El parque habría significado una inversión de 3,500 millones de dólares. Otras posibilidades de inversión, como la compra de la regasificadora que Shell tiene en Altamira, Tamaulipas, han quedado en entredicho por lo que se percibe como incertidumbre jurídica en México.
Fuentes de la empresa me dicen que se les está extorsionando con exigencias de pagos de entre 16 y 60 millones de dólares para el retiro de los litigios que han sido la excusa para cerrar la regasificadora. Sempra no sólo opera en los Estados Unidos y en México sino que también tiene importantes proyectos en Chile y en Perú, países en los que no ha tenido problemas. La incertidumbre jurídica es un mal específico de México.
La propia Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, señaló en una reciente visita a San Diego, California, que el presidente municipal priista de Ensenada, Pelayo, debe estar realmente seguro de que tiene las facultades para intervenir en el caso. "Al PRI le interesa -dijo-garantizar la certidumbre jurídica."
Sin embargo, mientras el presidente municipal mantenga su intento de clausurar la planta, y se permita a otros extorsionar a los dueños, será muy difícil que los inversionistas del mundo piensen que en nuestro país hay seguridad jurídica para los capitales.
VIGOROSA
La economía mexicana creció 5.5 por ciento en 2010. Si bien la cifra es engañosa porque se debe en parte a un rebote tras el desplome de 2009, se trata de la expansión anual más vigorosa desde 2000.
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