A dos años de la detención de 124 policías municipales de Pachuca y estatales, alrededor de 200 personas marcharon por las principales calles de la capital para exigir la liberación de sus familiares.
Los oficiales fueron detenidos por la PGR el 24 de junio de 2009 por tener presuntamente nexos con el crimen organizado, principalmente con la organización de Los Zetas. Los uniformados fueron consignados en penales de Veracruz y Tabasco.
Los manifestantes demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) estudiar nuevamente la situación de sus familiares y pidieron el traslado de los uniformados a penales del estado.
Solicitaron al gobierno estatal que interceda por ellos, a efecto de que continúen con su proceso en Pachuca, pues argumentan que sus garantías individuales fueron violentadas por la federación.
Arlina Pardo de Lamadrid acusó que todo el proceso cuenta con irregularidades, pues hasta el momento no se les ha comprobado nada a los oficiales recluidos.
"No son delincuentes, pedimos que se limpie la imagen de nuestros familiares, pues nuestros hijos han sido objeto de humillaciones de sus compañeros de escuela", dijo.
Los manifestantes, esposas, hijos y amigos, se dirigieron a Palacio de Gobierno para pedir la liberación de los ex policías, debido a que sus procesos penales presentan diversas inconsistencias.
El contingente marchó por el boulevard Colosio, Felipe Ángeles y Revolución para dirigirse a la sede de gobierno, donde esperan comunicarse con el secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma.
Los 124 agentes policiales de Hidalgo detenidos fueron encarcelados en septiembre en cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Nayarit, tras cumplir un arraigo de 80 días.
De ellos, 119 fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social 5 "El Oriente", ubicado en Villa de Aldama, Veracruz, y cinco más en el Centro de Rehabilitación Social de Tabasco.
