El grupo rebelde peruano Sendero Luminoso (SL), de tendencia ideológica maoísta, recibe un financiamiento anual proveniente del narcotráfico por unos 15 millones de dólares, reveló hoy un informe del gobierno.
En el documento Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, presentado por el Ejecutivo, se indica que SL mantiene su presencia en regiones selváticas peruanas gracias a la subvención que recibe del narcotráfico.
Aunque se aclara que, si bien no existen estudios confiables sobre la magnitud del financiamiento que tiene SL, los 15 millones de dólares representarían el 75 por ciento del total de dinero que recibe el grupo maoísta peruano.
El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), nombre completo de la organización alzada en armas contra el Estado peruano desde la década de los 80, está en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Sendero Luminoso fracasó hace un tiempo en su meta de reemplazar las instituciones peruanas, que considera burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, el que estaría vinculado al concepto maoísta de la Nueva Democracia.
Este grupo, que en 1980 inició el conflicto armado y estaba al mando de su encarcelado líder Abimael Guzmán Reynoso, cometió, según la oficial Comisión de la Verdad (CVR), 'gravísimos' crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad.
Sendero Luminoso fue responsable del 54 por ciento de víctimas fatales reportadas a la CVR.
En base a cálculos oficiales, se estima que la cifra total de víctimas fatales provocadas por el PCP-SL asciende a 31 mil 331 personas.
El gobierno peruano se ha dado a la tarea de investigar la participación de Sendero Luminoso en diversas actividades para financiar su lucha armada.
Trascendió que el grupo maoísta da protección a organizaciones dedicadas a la tala ilegal, el tráfico de combustible, secuestros y extorsiones.
Para golpear a Sendero Luminoso, el gobierno del presidente peruano Alan García declaró una lucha frontal contra el lavado de activos a través de mecanismos que involucran a la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros.
