La Fiscalía General consideró no procedente la solicitud de extradición que realizó Colombia de un miembro del estado mayor de las FARC que fue detenido en mayo pasado en Venezuela.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró a la estatal Venezolana de Televisión (VTV) que el Ministerio Público consideró que "no procede" la extradición de Guillermo Torres Cueter, alias "Julián Conrado", del estado mayor de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), detenido en el estado suroccidental de Barinas.
"El motivo de la solicitud de extradición es distinto a los delitos por los cuales se le está requiriendo. Entonces no nos remiten elementos de pruebas", señaló.
Informó que Colombia no ha dado respuesta a los antecedentes solicitados.
Ortega Díaz afirmó que Venezuela no extradita a nadie por un delito que contempla la pena de muerte.
Precisó que el Ministerio Público consignó por escrito su opinión sobre el caso al Tribunal Supremo de Justicia que tendrá la decisión final sobre la solicitud de extradición que realizó Colombia.
La fiscal dijo que en breve enviará un funcionario al lugar de reclusión de Torres para verificar su estado de salud debido a que ha recibido varias informaciones de que el miembro de la FARC, de 57 años, presenta algunas afecciones.
Torres es requerido por la justicia colombiana por homicidio, secuestro y rebelión.
Yul Jabour, dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), afirmó que su organización política estaba satisfecha con el anuncio de la fiscal general porque es "una decisión que se ajusta a derecho, y se ha respetado los preceptos constitucionales y los acuerdos internacionales de la nación".
En relación a la solicitud de asilo político para Torres que presentó en agosto pasado el PCV y otras organizaciones de derechos humanos locales, Jabour dijo a la AP que la petición "está en procedimiento y se va a ver ahora cual va ser la respuesta de esa solicitud".
El PCV denunció en agosto, a través de su secretario general Pedro Eusse, que el colombiano fue detenido ilegalmente porque "no fue capturado en combate. No tenía armas en la mano. Estaba de agricultor en Barinas".
La detención de Torres generó fricciones entre el Ejecutivo y el PCV, partido aliado al gobierno del presidente Hugo Chávez.
El gobierno de Estados Unidos ofreció 2,5 millones de dólares por datos que llevaran a la captura o ubicación del colombiano.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos elogió en junio la operación que ejecutaron los funcionarios venezolanos con ayuda de las autoridades de Colombia.
