'En vez de reducir la violencia, la 'guerra contra el narcotráfico' de México ha provocado un incremento dramático' de asesinatos, torturas y abusos, afirma.
La organización Human Right Watch afirmó que la política de combate al crimen organizado no sólo ha fracasado debido al aumento de la violencia sino que también se han registrado numerosas violaciones a los derechos humanos.
En su informe "Ni seguridad, ni derechos", la organización registró más de 170 casos de tortura y más de 39 desapariciones forzadas desde 2006 a la fecha.
El estudio toma en cuenta los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, no sólo por sus altos niveles de violencia sino también por ser gobernados por funcionarios de distintos partidos políticos.
"En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la guerra desplegada por el presidente Felipe Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país", reza el documento presentado por José Miguel Vivanco, Director para las Américas del organismo.
Afirma que hay "violaciones de derechos humanos generalizadas"
Human Rights Watch (HRW) denunció "violaciones de derechos humanos generalizadas" en México por parte de militares y policías en el marco de la estrategia de combate al crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006.
"En vez de reducir la violencia, la 'guerra contra el narcotráfico' de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad", señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
En investigaciones realizadas en cinco de los estados más violentos del país, la ONG "encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 'desapariciones' y 24 ejecuciones extrajudiciales" desde diciembre de 2006, cuando asumió el poder Calderón, hasta este año.
El informe de la agrupación estadounidense, titulado "Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México" y basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública, señala además que "casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente".
Recuerda que más de 50.000 soldados fueron desplegados por México, así como marinos y policías federales, para apoyar a los estados donde se vivían los peores casos de violencia y, en algunos casos, asumir directamente desde el ámbito federal las funciones de seguridad públicas.
HRW destacó que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, "las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles".
Además, llamó la atención sobre la existencia de "evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado 'desapariciones' y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos".
La "impunidad casi total" que rodea estos casos sucede porque los mismos siguen "siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar", pese a que tanto el Supremo mexicano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han pedido que pasen a tribunales civiles, apuntó.
La organización también puso en duda de la afirmación de Calderón de que "el 90 % de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico (que su Gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011) eran delincuentes".
Recordó que la Fiscalía federal solo abrió 997 investigaciones por homicidios entre 2007 y agosto de 2011 y que en ese período "los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada".
El informe fue presentado hoy personalmente por Vivanco y el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, al presidente de México en la residencia oficial de Los Pinos, pero aún no hay ninguna reacción oficial al mismo.
También se hará llegar al Congreso mexicano, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a diversas ONG.
