El tema de las reformas estructurales se vuelve a poner de moda, como en otras ocasiones, antes de iniciar la etapa más intensa de la campaña política rumbo a la presidencia del país. Ahora, ante el regreso posible del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos en 2012, algunos de sus dirigentes presentaron una iniciativa de modificaciones fiscales.
El solo hecho de seguir hablando de la necesidad de atender este tema durante la segunda década del siglo XXI, es la mejor prueba de que México permanece estancado en la instrumentación de los cambios requeridos para que nuestra economía pueda aspirar a un desempeño satisfactorio y adecuado para enfrentar las grandes necesidades de la población.
Lo raro del caso es que todas nuestras autoridades durante las tres décadas más recientes, incluyendo las dos administraciones emanadas del Partido Acción Nacional a partir del año 2000, han presumido de realizar reformas que habrían de permitir una mayor solidez estructural en nuestra economía.
Para no ir más lejos, durante el sexenio actual del presidente Felipe Calderón, él y las autoridades legislativas federales, dijeron en su momento, haber promovido y aprobado reformas hacendarias que volverían más sólidas y eficientes a nuestras finanzas públicas. Este fue el mensaje, por ejemplo, en el anuncio en noviembre de 2009 de la llamada reforma fiscal aprobada por el Congreso.
El comunicado respectivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expresaba: "La reforma aprobada constituye un cambio estructural que contribuirá al desarrollo del país. Con ella se sientan bases más firmes para los ingresos públicos y se reduce la incertidumbre asociada al efecto de choques futuros sobre las finanzas públicas."
Apenas dos años antes, en septiembre de 2007, la misma SHCP señalaba que: "Se anticipa que la Reforma Hacendaria mejorará las perspectivas de crecimiento de la economía, principalmente por su efecto positivo en la inversión. ... Finalmente está el efecto de confianza generado por la demostración de que los mexicanos somos capaces de realizar las reformas que nuestro país requiere para garantizar un mejor futuro."
Hoy, cuatro años después de las modificaciones fiscales de 2007, y dos años después de las de 2009, se reconoce implícitamente que los cambios realizados han sido insuficientes. ¿Por qué, si en todas las ocasiones anteriores se había afirmado categóricamente que esas reformas eran las que el país requería para garantizar un mejor futuro y para contribuir a su desarrollo?
La respuesta está en que, siendo indulgente con nuestras autoridades federales ejecutivas y legislativas, esas afirmaciones fueron siempre sólo buenos deseos. El análisis objetivo del contenido de los cambios fiscales que se han venido dando con demasiada frecuencia en México, revela que se les califica de reformas, pero en el fondo no son más que parches ineficientes.
La gran novedad de inventos como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) o el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), aprobados en 2007, es que tratan de resolver indirectamente problemas, como la evasión fiscal, que podrían ser atacados más eficientemente eliminando en forma directa los regímenes especiales y las exenciones en los impuestos al consumo y al ingreso.
Por ello, la propuesta de nuevas modificaciones fiscales promovida por algunos Senadores del PRI tiene el mérito de reducir las exenciones (para varios alimentos y para la zona fronteriza norte) en el Impuesto al Valor Agregado, pero mantiene el vicio del IDE y condiciona la reducción de la tasa general del IVA del 16 al 13 por ciento sólo para los contribuyentes registrados en el Impuesto sobre la Renta.
Este otro invento lo único que provocará es una mayor carga de trámites para los causantes cautivos y servirá de poco para ampliar la base de contribuyentes. En consecuencia, es muy probable que las bondades que contiene la iniciativa del PRI se vean más que compensadas por las complicaciones y distorsiones generadas por los llamados mecanismos de control.
Por otra parte, un elemento positivo en las modificaciones auspiciadas por los legisladores del PRI es que proponen la eliminación del IETU. Desde su aprobación he insistido en sus efectos negativos cobre el crecimiento y la equidad, al desalentar la inversión y agravar la situación económica de aquellas empresas con dificultades de flujo o que están al borde de la quiebra.
En síntesis, la propuesta de modificaciones fiscales que se discute actualmente dentro del Poder Legislativo Federal tiene algunos puntos positivos, pero sigue sin encarar directamente las medidas necesarias para hablar de una verdadera reforma hacendaria. Por lo tanto, si se aprueba, acabará por agregarse a la larga lista de fracasos fiscales en nuestro país.
