E S tanto lo que se ha comentado en los medios de comunicación sobre la cuestión del arsénico en el agua que tomamos los laguneros, pero muy poco lo que se ha hecho para atender este asunto. Ante los últimos acontecimientos relacionados con la inseguridad y el manejo de las finanzas públicas estatales en Coahuila, tal pareciera que este grave problema ambiental y de salud pública se diluye.
Resulta sumamente reiterativo que el origen se encuentra en la sobreexplotación de los acuíferos donde se surte de agua a la población regional, pero si para resolver un aspecto como la aplicación de tecnologías de filtración en sólo algunos de los pozos ha requerido casi un año, es de entenderse que la recuperación de nuestros cuerpos de agua dulce subterráneos contaminados va a requerir un tiempo mucho mayor. Es inevitable y lamentable observar que los intereses económicos que subyacen en la aplicación de una estrategia para este fin son más fuertes que el interés de la colectividad o al menos desde el ámbito oficial se enfrentan dificultades mayores a su capacidad de gestión para regular el uso del agua.
Lo anterior no obsta para que la Comisión Nacional del Agua continúe aplicando las medidas necesarias orientadas a medir y reducir la extracción, sobre todo ahora que parece tomar cartas en el asunto después de décadas de omisión y evasión a enfrentar un problema que, en caso de haberse atendido en aquel entonces, en estos momentos ya no se expresaría tan severamente. Quizá si hace tres o cuatro décadas se hubiese aplicado la medición confiable, si los apoyos para mejorar la eficiencia en el bombeo o tecnificar el riego de cultivos se hubiesen condicionado a no aumentar la frontera agrícola, entre otras acciones, no estaríamos preocupándonos sobre qué hacer cuando nos enteramos sobre el grado de contaminación que tiene el agua que nos llega a nuestras viviendas, como agua entubada, pero no potable.
Así, ante la posible postergación de una solución de fondo al problema, quizá debamos ser más prácticos y aplicar medidas que ojalá no impliquen otro largo período. Si ya se asignaron recursos para licitar e instalar filtros en algunos de los pozos donde se bombea agua para uso doméstico, debemos apoyar esta medida en el entendido de que sólo atenderá el problema de un segmento de la población urbana de Torreón y que el noventa y nueve por ciento de esa agua filtrada se va al caño, dejando desprotegida a aquella otra parte de la gente que inevitablemente en el corto y mediano plazo también recibirá en sus llaves agua con arsénico, y que la población de las ciudades y comunidades rurales periféricas al área metropolitana continuará tomando agua contaminada.
De igual manera, si existe una opción confiable de filtración domiciliaria debemos apoyarla, como se ha comentado hacer en La Laguna de Durango, y al decir confiable nos referimos a que se disponga de una tecnología que no genere otros problemas o que asegure un manejo adecuado de los residuos de arsénico sin perjudicar la salud de la población, y que garantice su duración durante un período suficiente que no implique un cambio continuo de esos filtros en perjuicio de la economía de las familias que accedan a ellos.
Quizá lo que los políticos no han entendido en su ya frecuente desconexión de los ciudadanos que los eligieron, es que estamos ante una situación de emergencia socioambiental que no quieren ver, también quizá porque cuentan con los recursos para abastecerse de agua potable en garrafones de marcas seguras, pero que, lamentablemente, el resto de la población no puede cubrir cotidianamente; es claro que estamos ante un problema de inequidad ambiental.
Tal vez deberíamos ser un poco más prácticos aplicando medidas, no excluyentes de las anteriores como es el garrafoneo, es decir, crear plantas de ósmosis inversa u otra tecnología similar que asegure procesar el agua contaminada a potable en concentraciones menores a diez microgramos por litro, en las cuales se llenen garrafones subvencionados, ya sea en los sitios donde se ubiquen dichas plantas o que se distribuyan a través de rutas entre las poblaciones urbanas y rurales vulnerables, entendiendo por éstas, aquella gente que no puede pagar el costo de los garrafones que distribuyen las empresas a nivel comercial, para que éstas no se quejen de una competencia desleal.
En algunas poblaciones de La Laguna de Coahuila, la administración estatal aplicó una medida similar a la que se llamó el Agua de la Gente; lamentablemente, sólo fue temporal y de corto plazo como sucede con frecuencia con algunos programas oficiales, de modo tal que al no recibir mantenimiento al parecer a la fecha ya se desecharon. En el municipio de Gómez Palacio se acaba de implementar una medida similar, instalando una planta de ósmosis inversa en el ejido San Felipe que distribuye garrafones a más de treinta comunidades con un precio subvencionado, la cual a pesar de su limitada cobertura está proveyendo este servicio en comunidades rurales donde ya es conocido que el agua distribuida por la red también está contaminada, por lo que sería bueno monitorear sus resultados y, de ser factible, replicarla en beneficio de la población vulnerable.
