El cierre de Casa Amiga en la colonia Compresora, que operaba como apoyo del DIF Municipal a las colonias populares del poniente de la ciudad de Torreón, ha dejado sin programas de desarrollo humano y social a un sector vulnerable de nuestra comunidad.
Como es del conocimiento del público, a fines de la semana pasada fue clausurada la unidad de referencia, que inició como área deportiva en tiempos del alcalde Carlos Román Cepeda y amplió sus servicios al campo asistencial durante la gestión de Jorge Zermeño, atendiendo a personas discapacitadas, adultos mayores y niños indígenas hijos de padres migrantes de zonas rurales del sur del país, que vinieron a nuestra ciudad en busca de una mejor forma de vida.
En un principio el Gobierno Municipal hizo valer condiciones de inseguridad en la zona como pretexto para justificar la cancelación del centro, lo que desde luego es inadmisible porque supone una confesión de ingobernabilidad e implica abdicar de las funciones que a la autoridad le son propias.
Ante el absurdo de la explicación inicial, en días posteriores los propios voceros del Municipio han generado otras dos versiones ambas igualmente increíbles, una de ellas refiere a que la comunidad dejó de acudir al centro y la otra en el sentido de que la unidad operativa fue cerrada y el mobiliario y equipo retirados, para remodelar el inmueble.
Decimos que estas dos últimas explicaciones resultan inadmisibles, porque en una investigación reporteril hecha por El Siglo de Torreón se recogió la inconformidad de los vecinos, que por una parte denuncian que la unidad fue gravemente desatendida desde el principio de la administración que preside Eduardo Olmos lo que desmiente la tesis de la remodelación y por otra, se confirmó la existencia de usuarios actuales que en forma regular acudían al centro cuyo cierre los deja sin opciones terapéuticas, asistenciales y recreativas.
La clausura en cuestión se suma al cúmulo de problemas que enfrentamos los torreonenses reducidos de nuestra condición de ciudadanos a la de meros habitantes cuyos reclamos ni se ven ni se escuchan, bajo un sistema autista cuyos dirigentes han agotado todos los recursos públicos ordinarios y los obtenidos mediante un endeudamiento irresponsable, al único y exclusivo propósito de mantenerse en el poder a toda costa.
Resulta preocupante que en una situación de mal gobierno como la que enfrentamos, hasta el menor reclamo de los partidos de oposición y la mínima queja de la sociedad civil sean sofocados mediante represión violenta, como ocurrió el pasado sábado en el que un grupo de ciudadanos que protestaban contra la deuda contraída por el Gobierno del Estado, fueron golpeados por un grupo semejante a las brigadas bolivarianas que en la Venezuela de Hugo Chávez, mantienen a raya la protesta y la disidencia.
La semana anterior fue el desfalco de veintiséis millones de pesos de las pensiones de los empleados municipales, el viernes pasado el cierre de Casa Amiga en la colonia Compresora, más tarde la denuncia de la falta de soporte en el financiamiento del sistema de filtros de agua potable y hoy el jineteo de los recursos del programa Hábitat. El mal gobierno afecta de peor manera a los grupos vulnerables de la sociedad y a quienes menos tienen, por lo que el dispendio y el endeudamiento acabaron con todos los programas sociales para dejar uno solo: El castigo de la gente.
