El procurador estatal, Adrián de la Garza, viajó a la ciudad de México para analizar junto con la Procuraduría General de la República (PGR), la declaración que Raúl Rocha, propietario del Casino Royale, emitió en un consulado de Miami, Florida, sobre el atentado en el que 52 personas murieron.
El vocero de Seguridad de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, dijo desconocer que el propietario del Royale recibiera amenazas por el pago de una supuesta "cuota por derecho de piso" por parte de la delincuencia de 140 mil dólares mensuales; situación que de acuerdo al funcionario estatal nunca fue denunciada.
Reconoció que 12 personas continúan prófugas, luego de que cinco, entre ellas un policía estatal, fueran detenidas por las autoridades estatales.
Tras el atentado al Casino Royale, una de las principales líneas de investigación se enfocaba a la negativa del dueño de la casa de apuestas por pagar "cuotas de derecho de piso" a los criminales; días después Sergio Jacinto Gil García exhibió videos en los que presuntamente el hermano del alcalde regio, Manuel Jonás Larrazabal y el secretario de Desarrollo Humano lo extorsionaban al cobrarles 100 mil pesos al mes para operar.
De inmediato se abrió una indagatoria, el hermano del alcalde fue arraigado; mientras que el propietario del negocio desapareció.
A una semana de hacerse públicos los videos, la policía ministerial localizó escondido a Gil García en una finca de Santiago, por lo que en breve será presentado ante el Ministerio Público tres, que sigue la causa.
El vocero de seguridad dijo que cuatro personas han declarado en torno al caso; dos de ellos trabajadores de la casa de apuestas.
En tanto, el gobernador Rodrigo Medina pidió "dejar ahí" las declaraciones en torno a la posibilidad de que el hermano del alcalde de Monterrey pudiera haber participado en hechos de extorsión a casas de apuesta.
"Yo creo que debemos de dejarlo ahí porque es lo que se mostraba en ese momento en las imágenes, y ahora hay una averiguación formal instaurada. Entonces debemos dejar que la autoridad actúe conforme a esta investigación y que sean ya las declaraciones oficiales, es decir, las conclusiones de la misma las que hagan las posturas del gobierno".
