"La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima."
Alejandro Nevárez Salazar fue ejecutado el pasado 3 de mayo por agentes del Grupo Delta de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Estaba en su casa cuando un auto con delincuentes que huía de la Policía se estrelló a un lado de ella. Los delincuentes huyeron, pero los agentes mataron a Nevárez cuando éste salió a buscar a sus hijos tras escuchar el choque. El trabajador de maquiladora, de 38 años y con un sueldo de 600 pesos semanales, se desangró durante 40 minutos sin que la Policía permitiera que se le atendiera.
Nevárez se convirtió así en una más de las víctimas inocentes en la lucha contra el crimen que se clasifican bajo la designación militar de "daño colateral". Es natural, nos dicen los militares, funcionarios gubernamentales y comandantes de Policía, que cualquier guerra resulte en algunas bajas de no combatientes. Sólo cuando nos damos cuenta de que están hablando de seres humanos entendemos la insensibilidad que se nos pide aceptar.
Es verdad que todo el mundo se equivoca, pero cuando los errores despojan de la vida a inocentes, la sociedad no puede cerrar los ojos. En la lucha contra el crimen el número de errores ha venido creciendo. No sólo irrita la equivocación, sino que quienes matan a inocentes son protegidos por sus jefes que, para librarlos de su responsabilidad, no dudan en difamar a las víctimas.
Como en tantos otros casos de inocentes ejecutados por policías, soldados o marinos, los comandantes trataron de echarle la culpa a Nevárez de su propia muerte. El director de la Policía Municipal de Juárez, Julián Leyzaola Pérez, lo calificó de delincuente.
No es ésta la primera vez que ello ocurre. Lo mismo sucedió con Patricia Terroba Pintado, asesinada por marinos en Cuernavaca en diciembre de 2009; con los estudiantes del Tec de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, muertos el 19 de marzo de 2010 por soldados que les plantaron un arma para hacerlos parecer como criminales; con los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, asesinados el 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas; con Vicente de León Ramírez de Nuevo León y su hijo Alejandro Gabriel, ejecutados por soldados el 5 de septiembre; y con el oftalmólogo Mario Robles Gil Bernal de Colima, asesinado el 21 de noviembre. La lista de daños colaterales es grande. Los estudiantes de Villas de Salvárcar fueron asesinados por sicarios y no por policías o soldados, pero cómo olvidar que el presidente Felipe Calderón los calificó originalmente de "pandilleros" para justificar su muerte.
Los comandantes han hecho lo posible en el caso de Nevárez, como en otros anteriores, no sólo por difamar a la víctima sino por ocultar lo sucedido. El visitador Gustavo de la Rosa Hickerson de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua señala que los agentes del Comando Delta estaban encapuchados y que la Policía Municipal se ha negado a identificar a quienes participaron en el operativo. Los días han pasado y ya no es posible realizarles pruebas de pólvora para saber quién disparó.
Lo que olvidan los comandantes que buscan proteger a quienes por error o por dolo ejecutan a inocentes, es que la razón de ser de los operativos es defender a los ciudadanos. Si estas acciones se saldan con la muerte de personas sin culpa, se está perdiendo la legitimidad. Matar a un inocente desarmado es un crimen. En el caso de Nevárez la Policía Municipal de Juárez no sólo debe permitir las investigaciones para resolverlo sino apoyarlas decididamente.
REFORMA PETROLERA
Tiene razón el presidente Calderón cuando en Nueva York señala que los mexicanos nos veríamos beneficiados por una reforma petrolera que permitiera la colocación de acciones de Pemex entre inversionistas privados, como lo ha hecho Petrobras de Brasil con excelentes resultados. Pero no se entiende entonces por qué el presidente festejó tanto la limitada reforma petrolera de 2008 que se logró con el apoyo del PRI y del PAN.
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