En el río revuelto del pleito entre accionistas mexicanos y españoles por el control del Grupo Aeroportuario del Pacífico, quien está capitalizando las ganancias de pescadores es el Grupo México, cuya participación en el capital del emporio, a la callada, alcanza el 25% de la serie B. El 60 restante lo tienen fondos de Estados Unidos.
De hecho, aunque pretendía dos asientos, la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco logró colar en la pasada asamblea general de socios a un miembro del Consejo de Administración.
Se diría que la empresa del rey del cobre va por la revancha frente a una negativa original del Gobierno para permitirle participar como socio mexicano en el capital de control.
La idea es ganar posiciones en la eventualidad de la salida del país de las empresas españolas AENA (Aeropuertos Españoles de la Navegación Aérea) y Abertis, es el hastío de un conflicto que parecería no tener fin.
De hecho, el diferendo entre éstos y la firma Controladora Mexicana de Aeropuertos ya escaló a la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, cuya resolución e instrumentación de ésta podría durar meses, cuando no años.
Por lo pronto, pese a los reclamos de los socios nacionales la asamblea del miércoles pasado ratificó como presidente a Guillermo Díaz de Rivera, además de batear las inconformidades frente a diversas partidas erogadas, especialmente en materia de honorarios de los abogados.
Estamos hablando de 18 millones de pesos.
La respuesta de la administración de la empresa fue tan simple como: "El gasto es responsabilidad de quienes interpusieron la cadena de litigios". Más allá, frente a un documento firmado por un alto funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el que se reconoce como presidente del Consejo de Administración a Laura Diez Barroso, se dijo que la dependencia no tiene vela en el entierro por tratarse de una sociedad privada.
Más aún, el Grupo Aeroportuario del Pacífico no es, como tal, el concesionario de los aeropuertos, dado que cada uno de ellos tiene su propia firma responsable.
El diferendo, como lo hemos comentado en este espacio, nació tras el desconocimiento de los españoles a los acuerdos de una asamblea realizada hace un año en que se ratificaba como presidente a Diez Barroso y de pasada se decretaba un reparto de utilidades por 900 millones de pesos y una reducción de capital. Dos meses después los españoles convocaron a otra asamblea en la que se nombró, de carambola, como presidente al hispano Demetrio Ullastres, además de desconocerse los acuerdos de la anterior.
La fase remota, empero, hay que ubicarla con la salida del gobierno de la empresa, tras colocar en los mercados internacionales 85% del capital de la serie B, cuyas acciones se habían resguardado en un fideicomiso de Nacional Financiera.
La tenencia le daba derecho al sector público a tener siete consejeros.
El caso es que ante la necesidad de sustituirlos, los españoles les dejaron la batuta a los socios mexicanos, bajo condición de temporalidad.
Se habló originalmente de un año, mientras AENA y Abertis ubicaban sus propias fichas, al término del cual la Controladora Mexicana de Aeropuertos pidió ampliación del plazo. La tregua se extendió dos años más.
En el camino llegaría la asamblea del año pasado, en cuyo arranque los representantes de la firma nacional pidieron ratificar por un año más a los consejeros, lo que provocó una discusión interminable que volvió farragoso el cónclave, al punto de que hasta hoy ni la autoridad federal ni la judicial han podido descifrar bien a bien qué fue lo acordado.
Por lo pronto, dueños del mango de la sartén, la mayoría de accionistas de control nombraría como nuevo presidente a Guillermo Díaz de Rivera.
El problema es que en el camino se cruzó una nueva Ley del Mercado de Valores en la que se determina que las empresas de Bolsa no pueden hacer distingos entre los accionistas, lo que invalida la posibilidad de serie A y serie B, es decir capital de control y capital de voto restringido, en cuya rendija se metió el Grupo México, que en la práctica es ya socio mayoritario.
Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le concedió a la firma una tregua, considerando que el escenario a fin de cuentas lo había abierto el Gobierno al diseñar el esquema de privatización. La tregua puede terminar de un momento a otro.
Por lo pronto, Larrea ya tiene una pierna dentro de la empresa.
BALANCE GENERAL
En afán de evitar nuevas olas tras la imposición de la madre de todas las multas a Telcel, la Comisión Federal de Competencia admitió las querellas cruzadas planteadas por Televisa, Iusacel y 23 empresas que ofrecen servicio de telefonía móvil, contra Teléfonos de México y Telcel, y de éstas contra Televisa.
En el primer caso el punto fino de la querella apunta a lo que se ubica como discriminación de trato entre el que ofrecen las firmas del magnate Carlos Slim a sus suscriptores y el que se le otorga a los clientes de la competencia.
En el segundo, Telmex-Telcel se queja de trato discriminatorio en la venta de espacios publicitarios.
ECOS DEL CASO MOURIÑO
Señalado en su momento en este espacio que la degradación decretada por Estados Unidos a la seguridad del espacio aéreo mexicano estaba relacionada con el avionazo que le costara la vida al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dado que los pilotos de la nave no tenían la capacitación suficiente, por más que exhibieron certificaciones, finalmente estalló el cohete.
Hete aquí que la Secretaría de la Función Pública acaba de destituir e inhabilitar por 20 años para trabajar en el Gobierno Federal a seis servidores públicos adscritos a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La razón original fue que expidieron revalidaciones de licencias de piloto aviador y certificaciones de capacidades en forma irregular.
De hecho, se habla de inconsistencias entre las bitácoras de los pilotos y las de los aviones que supuestamente usaron para su adiestramiento. La paradoja del caso es que la indagación dejó a salvo al que fuera su jefe, es decir, Gilberto López Meyer, en el papel responsable de las travesuras de sus funcionarios y empleados.
Este fue "premiado" con el nombramiento de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Otra vez, pues, todo el peso de la Ley contra los carteros.
URIBE, LA ESTRELLA
El plato fuerte de la Convención Nacional de Aseguradoras que se inicia este lunes será una conferencia magistral del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuyo punto toral, naturalmente, serán las acciones de su gobierno frente a la violencia desatada por el narcotráfico, en cuyas secuelas se permitió la creación de novedosas pólizas de seguros.
Desatendida la invitación por el presidente Felipe Calderón, la inauguración la realiza el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
En el marco, Juan Ignacio Gil Antón le entregará la presidencia de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros al expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hoy funcionario del grupo financiero Banorte, Fernando Solís Soberón.
