El diputado Cristian Bussinot, a quien los activistas responsabilizaron, dijo que no tenía responsabilidad en los cambios. (Archivo)
Organizaciones de derechos humanos denunciaron el miércoles que una iniciativa de ley para beneficiar con prisión domicialiaria a mayores de 80 años, tendría el fin de privilegiar a militares procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que terminó en 1996.
"La ley llega en el momento en que se están procesando a varios militares por crímenes de lesa humanidad, creemos que la intencionalidad apunta a buscar impunidad por la vía de inclusión de leyes de este tipo" dijo en conferencia de prensa Iduvina Hernández, directora de la organización no gubernamental Seguridad en Democracia y parte de la red de Convergencia de Derechos Humanos.
El anteproyecto fue aprobado el martes en la segunda de tres lecturas en el Congreso e incluía un dictamen en el cual se eliminó una frase que exceptuaba a los responsables de delitos de lesa humanidad del beneficio.
El artículo dice: "el condenado de ochenta o más años de edad o el que padezca de una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en su casa de habitación por resolución del juez de ejecución o juez competente".
El diputado Cristian Bussinot, a quien los activistas responsabilizaron de suprimir la excepción del texto en el anteproyecto de ley, dijo que no tenía responsabilidad en los cambios.
"No es cierto, soy secretario de la Junta directiva y ayer estuve solo leyendo las iniciativas que me pasaban" dijo Bussinot.
Según los activistas, militares como los generales Héctor Mario López, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, y Oscar Mejía Víctores, ex ministro de Defensa y gobernante de facto, acusados de genocidio, podrían salir beneficiados con la medida si termina de ser aprobada.
"Inclusive estaría protegiéndose a Efraín Ríos Montt (otro ex dictador que enfrenta proceso en Guatemala y España por genocidio) y quién en enero pierde su inmunidad como diputado", explicó Hernández.
Guatemala vivió un conflicto bélico entre guerrillas marxistas que intentaban tomarse el poder y las fuerzas gubernamentales que duró 36 años y dejó en total más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas.