El tema de las telecomunicaciones en México es otra expresión más de los problemas derivados de una inacabada transición a la democracia. El viejo régimen, en donde el monarca sexenal daba y quitaba privilegios a discreción, creó una legislación flexible que le servía para ajustar sus decisiones a un supuesto orden legal existente. Así, con el mismo poder estatizaban y privatizaban bancos, y otorgaban concesiones en radio y televisión a sus amigos, o se las quitaban cuando éstos dejaban de serlo por cualquier razón. Es decir, el sistema jurídico mexicano se construyó para darle al presidente en turno la facilidad de poder decidir sin tener que verse supeditado por contrapeso alguno.
Cuando la democracia electoral se construyó y se rediseñó el mecanismo de toma de decisiones, jamás se pensó que había que desmontar un aparato político y legal supeditado a un presidencialismo absoluto. Esto ha generado un alud de controversias constitucionales en donde la Suprema Corte ha tenido que ir construyendo, bajo el mecanismo de ensayo y error, una jurisprudencia que se adecue a la estructura democrática del Estado. Sin embargo, en algunos casos como en el de las telecomunicaciones, el enredo legal dejó sin armas al Gobierno Federal e incluso a las comisiones de Telecomunicaciones y de Competencia Económica que serían las encargadas de diseñar el nuevo modelo.
Es ésta una de las consecuencias de seguir operando con leyes obsoletas propias de regímenes autoritarios, donde el poder económico se sometía al político porque sabía que no existía forma de limitarlo. Por ello, Emilio Azcárraga Milmo se definía como "soldado del PRI", y los banqueros dieron mínima resistencia cuando un enloquecido López Portillo les quitó los bancos en un intento por evitar el derrumbe político por la catástrofe económica generada por su propia irresponsabilidad. Hoy, Felipe Calderón no posee los instrumentos del absolutismo priísta, pero tampoco un nuevo acuerdo democrático entre los dueños del dinero y el Gobierno.
En un primer momento, y mientras los poderosos respetaban el principio de "Yo no me meto con tu monopolio y tú no te metas con el mío", parecía no haber mayor problema en el terreno de las telecomunicaciones. La modernización tecnológica rompió el acuerdo entre los poderosos y mientras Carlos Slim quiere entrar al negocio de la televisión, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego pelean por mejores condiciones en el de la telefonía. Los argumentos de cada uno de ellos son parcialmente ciertos. Las quejas por el alto costo de la interconexión tiene como contraparte el cobro excesivo de las televisoras por publicidad y por permitir a sus competidores transmitir sus canales en televisión restringida, o por aceptar reproducir la señal de canales que no sean de su empresa.
Es un diálogo de sordos en donde la guerra propagandística intenta que la sociedad se incline por uno u otro y de esta manera se convierta en su cliente exclusivo. No estamos hablando aquí del intento por competir en un mismo terreno, sino en el de mantener los privilegios del pasado y simultáneamente introducirse en el terreno del otro. En este callejón sin salida se requiere urgentemente de un poder político capaz de poner en orden intereses privados que dañan el interés público. Tanto las televisoras como Telmex poseen fuerza en el Congreso a través de legisladores de distintos partidos que operan sus agendas particulares, y mientras no exista un poder superior que posea los instrumentos legales para imponer un nuevo acuerdo de competencia equitativa, permaneceremos atorados como hasta ahora.
El daño para el consumidor ya está hecho y costará tiempo revertirlo. La falta de competencia reduce la capacidad de crecimiento, desarrollo y distribución equitativa de la riqueza. La concentración monopólica es signo de atraso y falta de oportunidades, y en esto estamos detenidos y quizá por mucho tiempo.
Analista político
