La Organización Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a la administración del presidente Barack Obama negar la cooperación de las agencias federales en la aplicación de la polémica ley antinmigrante de Alabama que ha generado "un clima de terror" en ese estado y un éxodo de familias que huyen de la persecución.
Además, ésta organización humanitaria demandó a la Casa Blanca que ordene al Departamento de Justicia que continúe investigando con firmeza todas las denuncias de violaciones de derechos civiles cometidas como resultado de la ley de Alabama contra la población inmigrante que hoy ha sido expulsada de ese estado o empujada a vivir en la clandestinidad.
"En los dos primeros meses transcurridos desde que la ley entró en vigor, inmigrantes no autorizados, sus familiares y sus comunidades han sufrido profundos cambios en su vida. Escuelas, empresas y propietarios de inmuebles han informado sobre un importante éxodo de personas del estado", asegura el informe presentado hoy por HRW en el que formula una explícita condena de la HB-56, la más dura de las legislaciones antinmigrantes en EU.
"Sin duda alguna la ley antinmigrante de Alabama es la más dura que se haya promulgado porque llega al extremo de negarle el agua a quienes carecen de papeles. Eso es algo inhumano", dijo a EL UNIVERSAL, Antonio Ginatta, director de políticas en Estados Unidos de Human Rights Watch.
Según el informe presentado hoy, bajo el título "Vivir sin dignidad", desde la implementación de la HB-56 en Alabama las autoridades de ese estado se han propuesto "hacer imposible" la vida a los inmigrantes indocumentados y ha ofrecido cobertura a una intensa campaña de persecución y discriminación racial en la que "se ha facilitado que funcionarios locales y del estado nieguen a inmigrantes no autorizados derechos básicos como el acceso al agua y la vivienda".
El informe presentado por HRW advierte que, al igual que la polémica ley antinmigrante de Arizona, la ley que ha entrado en vigor en Alabama "exige a la policía determinar la ciudadanía y la condición migratoria de todas las personas interceptadas o detenidas cuando existan "sospechas razonables" de que se encuentran en el país en forma irregular".
Añade, sin embargo, que "la ley de Alabama contiene disposiciones que van más allá de la interacción de los funcionarios de seguridad pública con los inmigrantes". Señala, a manera de ejemplo, que en base a ésta ley "se prohíbe a los inmigrantes no autorizados realizar transacciones comerciales con el estado, un concepto definido de manera excesivamente amplia" que permite la criminalización de los indocumentados.
Además, "se exige también a las escuelas verificar la condición migratoria de los niños" mientras "la búsqueda de empleo por parte de inmigrantes no autorizados ha sido tipificada como un delito menor.
"Los inmigrantes no autorizados que han sufrido un incumplimiento contractual, ya sea de un contrato de trabajo o de arrendamiento, no podrán recurrir a la justicia para reclamar protección. Los inmigrantes no autorizados que sean detenidos por cualquier delito, incluso delitos menores como conducir sin la correspondiente licencia, perderán automáticamente la posibilidad de ser liberados bajo fianza. La ley también penaliza a ciudadanos estadounidenses y residentes legales que, a sabiendas, presten ayuda a inmigrantes no autorizados, por ejemplo, dándoles un aventón o ayudándolos a contratar el servicio de agua".
Apenas el pasado viernes, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, aseguró que está colaborando con líderes de la legislatura para clarificar y simplificar la ley HB56 contra la inmigración ilegal en el estado, aunque aseguró que su esencia "no cambiará".
