Maniobras turbias, presumiblemente impulsadas desde círculos del poder, alcanzan a percibirse en el proceso de compra de Mexicana de Aviación.
El martes pasado, seis meses después de que la segunda aerolínea en importancia del país se declarara en quiebra, el grupo de inversionistas PC Capital -cuya oferta de compra siempre han apoyado el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar, hoy estratega electoral del PAN- emitió un comunicado en el que se asumió como nuevo dueño de Mexicana de Aviación y aseguró que el próximo lunes levantaría por fin el vuelo.
Informó de la conclusión exitosa de la transferencia a su favor de las acciones de Tenedora K, el grupo empresarial que el 25 de agosto del año pasado adquirió la quebrada empresa que el gobierno de Vicente Fox vendió a precio de ganga, en noviembre de 2005, al empresario Gastón Azcárraga Andrade, del grupo hotelero Posadas. Asimismo reveló la identidad de los nuevos dueños: Alejo Peralta Terán, Rubén Vila García Sordo y Alejandro Ampudia Marco.
Pero al día siguiente, el miércoles, Arturo Barahona, representante legal de PC Capital, tuvo que reconocer lo que aquí le adelantaba: que la transferencia accionaria no se había realizado y que no se había pagado hasta ese momento ni un solo peso a Tenedora K conformada, entre otras empresas, por el Grupo Industrial Omega, de Luis Andrés Hozler Neuman, y su cuñado Andrés Rosental Gutman, a la sazón medio hermano del ex canciller foxista Jorge Castañeda Gutman. Explicó, asimismo, que se negociaba la participación de lo que llamó dos grupos financieros importantes y reconoció que el reinicio de operaciones no podrá ocurrir este lunes, fecha en que por cierto vence el plazo de seis meses que se le fijó a la aerolínea para volver a volar y no perder sus slots, esto es, sus rutas internacionales.
El fondo del problema es por simple, increíble: los supuestos compradores no tienen dinero y quieren, como se ha vuelto costumbre en México, hacer multimillonarios negocios de saliva. Al menos eso deja ver que no cumplieran el compromiso asumido ante el mismísimo secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome, de pagar el miércoles pasado 6 millones de dólares que se adeudaban por combustible. ¿Si no cumplieron con eso, estarán en condiciones de pagar los 2.5 millones de dólares de la transferencia accionaria y los más de 230 millones de dólares que plantearon como inversión?
El socio Alejo Peralta Terán parece garantizar con su nombre la disponibilidad de capital, pero resulta que no están con él en este negocio sus poderosos familiares. Él fue el que trajo como inversionista a Rubén Vila García Sordo, un gallego de 38 años cuyo padre tiene en Galicia empresas hoteleras, pero que en 2009 estuvo sometido a proceso penal (causa 360/2008) por fraude genérico, lo que pone los pelos de punta al nuevo subsecretario de Transportes, Felipe Duarte, que tiene la obligación de validar la inversión de 230 millones de dólares. Alejandro Ampudia Marco es el otro inversionista, más bien vinculado al sector autotransporte en el DF.
Banorte, de Roberto González Barrera, ya disponía de una posesión accionaria (4%) que obtuvo al capitalizar a la aerolínea, antes de la quiebra, con 120 millones de dólares y acaso sea uno de los grupos financieros a los que se refirió Barahona como posibles socios en la adquisición de la compañía.
Aquí le informé el 8 de noviembre de 2010 que la oferta de PC Capital planteaba dar 5% de las acciones a pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, pagarles 17% de los poco más de 500 millones de dólares que suman sus liquidaciones y darles el resto con un bono a siete años. Además, diferir, por el mismo lapso, el pago al SAT del ISR de las liquidaciones y el adeudo por 200 millones de dólares con el Bancomext lo que, le decía, representa un costo para el contribuyente.
Barahona explicó que el adeudo con el Bancomext quedó saldado con la entrega en garantía de nueve aviones, pero también que pilotos, sobrecargos y trabajadores ya no tendrán 5% de las acciones una vez que fueran liquidados. Esto incrementó las dudas y la incertidumbre de la parte laboral que ahora, a través de Luis Ojeda, de la Coalición de Trabajadores de Mexicana, informó que en IXE Banco existe un fondo de retiro por 450 millones de pesos que equivale a ahorros de 20 años, que se perderían si los trabajadores firman su retiro voluntario y que PC Capital utilizaría como parte de la inversión prometida.
Por todo eso le digo que algo muy podrido hay en este procedimiento, no obstante que otras ofertas empresariales con disponibilidad de recursos mostrada ante las autoridades y mejores condiciones para los trabajadores y eventuales dueños siguen en pie.
(rrodriguezangular@hotmail.com)
