La violencia y la inseguridad ahogan al país. Hay ciudades enteras que están fuera de control y la imagen externa de México se desquebraja. Especular sobre qué otras opciones hubiera tenido el Gobierno Federal es un poco ocioso. Que si Calderón se lanzó sin estrategia, que si el último capítulo de la historia tiene que pasar por la legalización de los estupefacientes o que la falta de coordinación del equipo presidencial es responsable del alborotado avispero son, a estas alturas, meros ejercicios intelectuales. El hecho es que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y por lo menos domeñar a quienes agreden a la sociedad y al estado entero.
Calderón entregará el poder en un año y medio. Nada indica que para entonces tendremos un mejor panorama. Lo más probable es que el número de muertos por los enfrentamientos ascienda y que ronde los 60 mil. Es la peor situación que hemos vivido desde quizá la Guerra Cristera. La proliferación de las bandas locales se ha vuelto exponencial. El Gobierno Federal reclama a los estados acción, pero el hecho concreto es que, salvo el Distrito Federal, todas las entidades tienen un déficit muy serio de policías. Los efectivos son pocos en relación a los habitantes, por lo general están mal capacitados y mal equipados. Entonces no sólo es una cuestión de estrategias federales sino también de dineros.
La semana pasada la OCDE dio a conocer un documento en el cual recomienda a nuestro país acabar de una vez por todas con los subsidios a los diferentes energéticos. La cifra es monstruosa, asciende a 170 mil millones de pesos. El secretario Cordero de inmediato salió a respaldar la posición, lo cual suena muy bien. De hecho ya estamos inmersos en una trayectoria de aumentos a los combustibles para terminar con la brutal deformación. Pero también es una realidad que hasta hoy el subsidio sigue siendo monstruoso. Mientras en Alemania se pagan casi 27 pesos por litro de gasolina o más de veinte en Francia, Italia, Reino Unido, España y Japón y más de 10 en India, Canadá, Chile, China o incluso Guatemala, en México seguimos en un dígito, 9.16; Brasil, productor serio de petróleo, cobra el equivalente a más de 19 pesos. Como se ve hay de todo en la lista: países ricos y pobres, industrializados y en vías de desarrollo. ¿Por qué México derrocha energéticos en un acto de irresponsabilidad económica, social y ecológica?
Se trata del subsidio más oneroso que equivale a varias veces el presupuesto de programas como Oportunidades que atiende a varios millones de mexicanos en pobreza. Si lo comparamos con la inversión en ciencia y tecnología o en educación superior nos ponemos a llorar. ¿Quién es el beneficiario? En principio aquellos que consumen más energía y los que la desperdician. Los usuarios de focos no ahorradores y de automóviles de altísimo consumo energético, no por necesidad, sino por gusto. Defenderé su derecho a ejercer su gusto, pero no a costa de menos escuelas o policías. El asunto subleva al sentido común.
Se alega a favor del subsidio que eliminarlo generaría inflación. Es claro que un primer impacto de la corrección en los precios provoca presiones inflacionarias. Pero también es evidente que hay muchos países con precios realistas en sus combustibles que no padecen de inflación. Supongamos, como dicen algunos estudiosos, que el impacto inflacionario fuera medio punto porcentual en los primeros años, valdría la pena preguntar a los ciudadanos si no estarían dispuestos a pagar más por la gasolina de sus automóviles o la electricidad de sus casas y comercios con tal de vivir en un país seguro. Porque ese es el dilema que está detrás: este país agobiado por los problemas de inseguridad que afectan a decenas de ciudades y a decenas de millones de habitantes no está gastando en seguridad lo que debiera.
Va de nuevo, por un lado subsidiamos el desperdicio de energéticos en todas sus vertientes y por el otro vemos a diario cómo las bandas y subbandas de delincuentes se apropian de barrios, colonias, ciudades y secuestran al Estado mismo. Si aplicásemos la mitad del subsidio a energéticos a seguridad, duplicaríamos el presupuesto dedicado a ese fin. El subsidio a los energéticos es más o menos el doble de todos los dineros gastados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La inseguridad ha costado la vida de miles de ciudadanos, el trauma psicológico de cientos de miles de familias, la crisis económica de infinidad de municipios e incluso de estados completos. De Ciudad Juárez o Tijuana a Acapulco.
Es difícil de entender la lógica que rige. Jorge Castañeda señala en Mañana o Pasado, (recomiendo su lectura) que hay misterios del ser nacional -si es que algo así existe- que son indescifrables. Pero hay un mínimo de sentido común, de sentido de supervivencia que debiera imperar. Estoy cierto de que etiquetando los recursos no habría resistencia a un aumento más radical. ¿Más seguridad o más Hummers subsidiadas?, ese es el dilema.
