A menos de cuatro meses de concluir 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) no ha ejercido 245 millones correspondientes al fondo inmobiliario que la Cámara de Diputados le aprobó para la adquisición de inmuebles.
Lo anterior, pese a que su presidente, Leonardo Valdés, ha asegurado que el instituto necesita recursos para adquirir inmuebles y que bajo este argumento la Junta General Ejecutiva del IFE constituyó otro fondo -en febrero de 2011- equivalente a 348 millones de pesos, conocido como "el cochinito del IFE".
Al no ejercicio de los 245 millones de pesos del fondo inmobiliario aprobado por la Cámara de Diputados, el instituto también podría sumar alrededor de mil millones de pesos correspondientes a cinco licitaciones que tienen recursos presupuestados y no ha realizado.
En febrero de 2011, la Junta General Ejecutiva del IFE aprobó la constitución de un fondo inmobiliario de 348 millones de pesos con recursos provenientes de ahorros y subejercicios provenientes del ejercicio presupuestal 2010.
La decisión fue criticada por la Contraloría General del IFE. Su titular, Gregorio Guerrero, aseguró que estos recursos tendrían que regresarse a la Tesorería de la Federación y que el Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 prohibía la adquisición de inmuebles y nuevos arrendamientos para oficinas públicas.
Por el escándalo, la comisión encargada de vigilar el uso de recursos públicos en procesos electorales de la Cámara de Diputados citó a comparecer a Leonardo Valdés Zurita en marzo pasado.
En esa ocasión, Valdés Zurita dijo que el IFE eroga anualmente 250 millones de pesos por concepto de pago de rentas.
Los recursos de este fondo permanecen congelados hasta que la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Contraloría General del IFE, concluyan la auditoría al llamado "cochinito" y determinen si el instituto podrá ejercerlos o debe regresarlos a la Tesorería de la Federación.
De no gastar esta cantidad al final de 2011, el instituto incurriría en un nuevo subejercicio.
El Instituto Federal Electoral ha retrasado cinco licitaciones, cuyos montos en conjunto equivalen a alrededor de mil millones de pesos.
