El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación lamenta que los institutos no hayan aceptado la resolución que les fue emitida por haberse negado a registrar a los cónyuges de derechohabientes cuando son del mismo sexo.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lamentó que ni el IMSS ni el ISSSTE hayan respondido a la Resolución que les fue emitida por haberse negado a registrar a los cónyuges de derechohabientes cuando son del mismo sexo.
En un pronunciamiento, la Asamblea Consultiva del organismo especificó que la falta de respuesta es ya un incumplimiento, "pero la falta de aceptación representa una negación al ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades de las personas por su preferencia sexual", enfatizó.
Recordó que ya transcurrió el plazo para enviar respuesta al Consejo sobre la aceptación de la Resolución por Disposición 2/2011 dirigida tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Añadió que la falta de aceptación a la misma es "una conducta expresamente prohibida en el artículo primero constitucional y una contradicción a la transformación que nuestro país está viviendo para poner en el centro los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, lo que se refleja en diversas e importantísimas decisiones tomadas desde los tres Poderes del Estado".
La Asamblea Constitutiva del Conapred refirió que construir la igualdad y combatir todo tipo de discriminación es responsabilidad del conjunto de instituciones públicas, no sólo del organismo, por lo cual exhortó a los titulares del IMSS y del ISSSTE a aceptar e implementar la citada resolución, garantizando el ejercicio pleno y en igualdad de trato y de oportunidades de los derechohabientes y sus cónyuges sin ningún tipo de discriminación.
Combatir la discriminación, agregó, es tarea indispensable para la sociedad, pues dicho fenómeno " favorece el desempleo y la desigualdad económica, disminuye la esperanza de vida, la protección contra los riesgos y el acceso a los servicios. Genera exclusión, intolerancia a la diversidad y es un cáncer para la democracia. Algo que no podemos ni debemos permitirnos".
