El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) informó que investiga a una funcionaria acusada de mantener relaciones sexuales y vender drogas en un centro para menores infractores, pese a lo cual sigue trabajando en un recinto infantil de la institución.
El vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, afirmó en una entrevista con Efe que la persona implicada, educadora de profesión y cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue cesada recientemente de su cargo de directora del Hogar Sarandí, en la populosa colonia Berro de Montevideo, "por problemas de gestión".
Posteriormente, aclaró, aparecieron varias denuncias contra la funcionaria por "tráfico de drogas y relación sexual con un adolescente".
A raíz de las acusaciones, de las que esta semana se hicieron eco los diarios uruguayos, el INAU inició una investigación interna que se suma a otra emprendida por el Juzgado de Crimen Organizado.
Ferrando explicó que la implicada, a pesar de estos antecedentes, sigue trabajando para el instituto "en un centro donde hay niños", aunque bajo "una supervisión cercana de su trabajo".
El caso ha levantado una fuerte polémica en el país, donde han surgido reclamos para que la mujer, de 25 años, sea dada de baja, una posibilidad que el vicepresidente del INAU descartó en virtud de la presunción de inocencia de la afectada.
La edad de la funcionaria, que logró la plaza por concurso, también ha generado controversia y es un aspecto sobre el que el instituto ya tomó medidas recientemente.
"A partir de la experiencia de los años anteriores, hemos ajustado la edad mínima y se ha establecido en 27 años la edad para trabajar en el área de infracción", porque la persona que realiza esas funciones debe tener "madurez y experiencia personal y laboral".
Ese requisito no existía cuando la funcionaria entró a trabajar en el centro para menores infractores, aclaró el responsable del INAU, un organismo cuestionado en los últimos meses por varios casos de fugas y de dudosas relaciones entre funcionarios y menores, como el de otra trabajadora que se embarazó de un adolescente.
A esto se suma el debate abierto en el país por la recolección de firmas iniciada por la oposición para convocar un referéndum en el que la ciudadanía se pronuncie sobre una eventual bajada de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, ante el incremento de la delincuencia juvenil.
Al respecto, Ferrando consideró hoy que es "discutible" el éxito de ese proyecto y aclaró que una medida así "es contraria a todos los acuerdos internacionales de promoción de los derechos del niño".
Subrayó también que en los últimos meses "se han reducido enormemente la fugas" de esos centros y "se están estableciendo varios programas de reinserción laboral" con empresas del ramo de la construcción y con las Fuerzas Armadas.
Por último recordó que los cuatro partidos con representación parlamentaria aprobaron este año la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que con el tiempo eximirá al INAU de la responsabilidad sobre los menores infractores y podrá mantener un mayor control sobre ellos.
