Por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y/o negocios ilícitos o peculado, se abrieron investigaciones judiciales contra diversos funcionarios públicos del anterior sexenio de Jesús Alberto Aguilar Padilla.
Sin citar nombres ni cargos de los probables responsables, el Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, Juan Pablo Yamuni, presentó un primer paquete de cuatro denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado para que se indaguen los supuestos delitos.
En cuanto al caso del supuesto desvío de 40 millones de pesos del fondo destinado en el 2010 al Seguro Popular, explicó que junto con auditores y el área jurídica de la Secretaria de la Función Pública Federal se integra el expediente para encauzar las denuncias respectivas.
Rafael Morgan Ríos, subsecretario de la Función Pública, en una entrevista divulgada el domingo pasado por la cadena periodística El Debate, afirmó que las auditorias practicadas al gobierno de Aguilar Padilla (2005/2010) arrojan un desvío de mil 46 millones de pesos.
De acuerdo con dicha información, el funcionario federal se reservó los nombres de los ex funcionarios que no pudieron comprobar el destino final de los fondos federales que manejaron, por lo que consideró que es facultad del gobierno del estado actuar en estos casos.
Juan Pablo Yamuni manifestó que se han encontrado diversas inconsistencias en el manejo de recursos públicos entre el 2008-2010 en diversas áreas de la administración estatal, por lo que las investigaciones van desde los más modestos ex funcionarios hasta los más altos.
El funcionario estatal explicó que por ley está impedido a revelar los nombres de ex funcionarios que se ven como posibles implicados, así como el monto de los recursos, puesto que es el Ministerio Público el encargado de llevar adelante las indagatorias.
Dio a conocer que este primer paquete de cuatro denuncias judiciales forman parte de un trabajo de revisión y cotejo de información, datos y facturas, en el que participan despachos contables externos.
Previamente, el gobernador Mario López Valdez dijo que a él no le compete juzgar si en las revisiones que se practican al sexenio de su antecesor, "van a caer peces gordos", puesto que las investigaciones judiciales le competen a la Procuraduría de Justicia del Estado.
Hizo hincapié en que al asumir el cargo encontró una deuda pública de 3 mil 700 millones de pesos, correspondiente a observaciones aplicadas por las autoridades federales, de las cuales dos mil 500 millones de pesos han sido solventados.
