Ante la ola de "delitos graves consumados en contra de políticos importantes" en fechas recientes, el Senado aprobó una reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con la cual se busca que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga de manera automática cualquier delito -grave o no- en contra de distintas autoridades federales.
Así cualquier ilícito perpetrado -independientemente de su gravedad- en contra del Presidente de la República, legisladores federales, consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros, será atraído en automático por la PGR.
El Senado dio luz verde a la reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estuvo congelada durante 11 años en comisiones, y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta reforma, los jueces tendrán la obligación de considerar como delitos federales cualquiera que se consuma en contra de los servidores públicos mencionados y ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.
La reforma permitirá, a juicio de los senadores, agilizar las investigaciones sobre delitos de cualquier tipo que van desde un asalta hasta un homicidio.
En este escenario, lo que se busca es delimitar la competencia de ese órgano investigador y persecutor del delito en función del carácter o de la calidad de la víctima, para juzgar a sus probables responsables sin necesidad de entrar en la discusión estéril sobre la índole de la competencia a la que corresponda acusar y juzgar y, en su caso, ejercer la factual de atracción hacia el fuero que le asiste", se explica en la exposición de motivos del proyecto de reforma turnado al Ejecutivo.
