Invitados. Cancilleres y funcionarios de Gobierno e invitados asisten a la sesion inaugural de la XLI Asamblea General de la OEA.
La Organización de Estados Americanos (OEA) inauguró en El Salvador su 41 Asamblea General y celebró el cierre de asuntos pendientes como las crisis en Honduras y Haití, y con el propósito de generar "decisiones claras" ante las amenazas a la seguridad que constituyen el tráfico de drogas y el crimen organizado.
La reunión de alto nivel, que trabajará hasta mañana con la asistencia de 22 cancilleres y representantes de los 34 países miembros activos del organismo, fue inaugurada la noche del sábado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el presidente salvadoreño, Mauricio Funes.
Ambos saludaron el retorno de Honduras al organismo, decidido el pasado miércoles en Washington por casi todos los países con la única excepción de Ecuador, tras casi dos años de aislamiento a raíz del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.
Insulza dijo que con el reingreso de Honduras y las elecciones y el establecimiento de un nuevo gobierno en Haití, el organismo concluía con éxito 2 asuntos pendientes que "habían preocupado" a la Organización en los últimos años.
"Ha sido un largo proceso para llegar a este punto (...) lo más importante es que Honduras está de regreso en la OEA, bienvenidos hermanos", expresó por su parte el gobernante de El Salvador.
El secretario general habló del "período ambicioso" que vive ahora la Organización no solo por la resolución de las crisis en Honduras y Haití, sino también por "la tranquilidad con que concluyen los procesos electorales" en el continente.
Insulza aseguró que los hechos muestran "un hemisferio en que la generación transparente y democrática de autoridades es ya un hábito y debemos esforzamos en mantenernos así".
Insulza recordó también que este año se celebra el décimo aniversario de Carta Democrática Iberoamericana y abogó por redoblar los esfuerzos de los gobiernos de la región para hacer realidad todos sus preceptos.
La política colectiva debe ser "respetar el principio de no intervención", pero subrayó que los signatarios de la Carta tienen el mandato de velar por el cumplimiento de esos principios. En ese sentido, Funes reiteró el interés del Gobierno en el fortalecimiento de la Carta y habló de transformarla en una "herramienta eficaz" para la prevención de situaciones como golpes de Estado que alteren el orden constitucional de los países signatarios.
"El sistema demanda una reforma profunda y deberíamos comenzar a discutir la creación de un sistema de alertas tempranas y de penalidades que sancionen cualquier quebrantamiento de la institucionalidad democrática", aseveró el presidente salvadoreño.
