Como es ya costumbre, las frases del presidente Barack Obama fueron magistrales y resonaron con fuerza en el Capitolio y a través de los medios electrónicos:
"Creo firmemente que deberíamos, de una vez por todas, abordar el tema de la inmigración ilegal", les dijo a los casi quinientos congresistas que escuchaban muy atentos.
De inmediato los conminó a debatir el tema y llegar a un acuerdo: "Dejemos de expulsar a jóvenes talentosos y responsables que pueden ocupar nuestros laboratorios de investigación, comenzar nuevos negocios y seguir enriqueciendo a esta nación", puntualizó el mandatario norteamericano.
Pero la idea quedó en el aire y al igual que sucedió con George W. Bush y con otros promotores de una reforma migratoria digna y humana, los legisladores optaron por ignorar este tema que ha sido centro de grandes debates y un negocio jugoso para empresas ligadas al poder público.
Al mismo tiempo que se divulgó el mensaje de Obama, un periódico mexicano publicaba una amplia información sobre los nexos que existen entre empresas que administran penales en Estados Unidos y personalidades que promueven leyes en contra de los inmigrantes indocumentados como la reciente ley SB10 70 de Arizona.
El propósito es simple: quieren meter a las cárceles a los miles de indocumentados que viven en las sombras lo que significaría obtener ganancias más jugosas para sus compañías.
"Corrections Corporation of America --mejor conocida por sus siglas CCA--, es la empresa privada que administra 65 cárceles y centros de detención de migrantes, y que sólo por estos últimos obtuvo ganancias por 74 millones de dólares en 2010", revela un reportaje especial publicado esta semana por el diario El Universal de México.
La empresa cotiza en la bolsa de Nueva York y ha estado bajo las críticas de activistas y medios de comunicación en los años más recientes.
En marzo del 2008, Diario San Diego reveló que la detención de inmigrantes había sido privatizada en un 75 por ciento para convertirse en un negocio por demás redituable.
Defensores de los derechos humanos denunciaron en esa ocasión que estos centros carcelarios operan con negligencia y despotismo en donde los presuntos ofensores de la ley de inmigración son vistos como mera mercancía y no como seres humanos.
En el 2007 la Unión de Libertades Civiles (ACLU) interpuso dos demandas contra la empresa de cárceles tanto por la sobrepoblación en sus celdas como por la falta de atención médica adecuada para los reos.
Los casos han proliferado. Hace dos años un reo salvadoreño quien no fue atendido a tiempo de un tumor, murió varios meses después de haber abandonado la cárcel de CCA de San Diego.
Otro reo de nombre Martín Hernández desarrolló una gangrena en su pierna debido a una diabetes mal atendida y pocos meses después de salir de la cárcel su pierna le fue amputada.
El CCA de San Diego ubicado en la región de Otay Mesa cuenta con 1154 camas y está en planes de ampliarse en un terreno de 40 hectáreas y crecer su capacidad a 3 mil camas lo que significaría triplicar sus ingresos.
En su portal de Internet, CCA menciona que la empresa emplea a 17,500 personas que custodian a 75,000 reos en las 60 instalaciones que controlan en 19 estados y el Distrito de Columbia.
Quizás por todo lo anterior se explica que en menos de dos meses se hayan presentado ocho iniciativas similares a la ley SB1070 en otros estados que permitirán, en caso de ser aprobadas, el arresto y encarcelamiento de cualquier presunto indocumentado.
Así las cosas ya entendemos el porqué no avanzan las leyes que pretenden regularizar el status migratorio de doce millones de indocumentados a pesar del apoyo presidencial y de la mayoría de la población norteamericana.
Tampoco entendemos el porqué el primer mandatario de Estados Unidos, supuestamente el hombre de más poder en el mundo entero, no pueda aprobar vía fast track, una ley que es a todas luces imperiosa, inevitable y necesaria para su país.
