Los priistas están indignados porque hace unos días el Presidente de la República dijo a un reportero que "hay mucha gente en el PRI que piensa que los arreglos de antes, con narcotraficantes, funcionarían ahora" y que estarían dispuestos a pactar con los narcos para calmar la zozobra que se vive en algunas regiones del país.
Quien ya había dado la razón a Calderón en ese sentido fue precisamente un exgobernador de ese partido que reveló que cuando el PRI gobernaba, la paz estaba asegurada con pactos entre la autoridad y las mafias. Una vez convenidas las rutas permitidas, las mafias trabajaban sin ser molestadas pudiendo moverse tranquilamente siempre y cuando no rebasasen las reglas "del buen comportamiento".
Las declaraciones de Calderón, comentario incidental dentro de una larga entrevista en el New York Times que tocó varios temas de actualidad, motivaron que el priismo se declarara ofendido hasta el grado de "exigirle una disculpa pública". Interpuso a la vez una queja ante el IFE "por afectar la equidad y la imparcialidad" de la contienda electoral y "realizar actos anticipados de precampaña".
La prolongada campaña electoral se extenderá, sin embargo, hasta julio de 2012 y por ello mismo servirá para ir revelando muchas verdades sobre las administraciones públicas del PRI y de otros partidos en estados y municipios donde han gobernado o aún lo siguen estando. Abrirá perspectivas sobre lo que esos partidos pueden ofrecer al electorado en caso de ganar la elección presidencial. Las comparaciones de ninguna manera favorecerán al PRI, aún acumulando las deficiencias que objetivamente otros tendrán que admitir.
A medida que avance el largo proceso electoral que esta semana se inició, irán apareciendo muchas realidades en torno a lo que significaron siete décadas de la administración PRI. De todos es sabido que una gran mayoría de gobiernos del PRI dista mucho de ser recomendable. De todos es sabido que aún hoy hay entre ellos personajes que poseen armas pertenecientes al ejército y que están bajo sospecha de asesinato. De todos es sabido que varios gobernadores recién salidos se enriquecieron con dineros del erario público, o bien sin escrúpulo endeudaron a sus estados fuera de toda proporción; otros cargan sobre sus hombros acusaciones de sobornos, encubrimientos, tráfico de influencias, asociaciones delictuosas y hasta escandalosos episodios de repugnantes abusos a menores de edad.
El tema de que hacer para remediar la corrupción y combatir el narcotráfico es inaplazable. Desde ahora se tiene que conocer lo que se proponen hacer en dicha materia los candidatos del PRI. En cuanto a la guerra contra las mafias y el crimen organizado es ya claro para todos que responde a una honda convicción panista del gobierno de Calderón y que en modo alguno admite contemplar acuerdos o amnistías.
La posibilidad de un pacto con las mafias es impensable. Nadie en su sereno juicio se manifiesta de esta manera. En primer lugar, no hay con quien suscribir semejante acuerdo; no se está en presencia de interlocutores identificados y válidos, como fue el caso de la guerra zapatista y su Subcomandate Marcos. Tampoco se tiene a un comité central a la vista con el que pueda dialogarse y negociar como lo ha sido con la ETA, cuya dirigencia acaba de anunciar el cese definitivo a la violencia. Los casos de Irlanda y el de las guerrillas centroamericanas son ejemplos análogos.
En el imposible caso de un interlocutor representante de las mafias, se le tendría que extender una amnistía para garantizar su integridad física, durante las negociaciones. Terminada la hipotética negociación, ¿sería permanente la amnistía para asesinos, secuestradores y torturadores? De no tener éxito la negociación, ¿regresarían libres los interlocutores a sus andanzas?
En segundo lugar, los términos de un supuesto pacto son por esencia indefinibles. Tendrían que incluir no sólo la terminación de la violencia y las extorsiones, además de especificar la renuncia por parte de las organizaciones y mafias de sus actividades criminales que por lo astronómicamente lucrativas que son, es condición absurda.
Es muy distinto negociar con grupos cuya finalidad fundamental no es monetaria, sino profundamente política sino hasta ideológica, a negociar con criminales brutales cuyo modus vivendi es el simple lucro ilimitado.
Es obvio, por lo tanto que para terminar con el narcotráfico y la ola de crímenes que lo acompaña, se requiere ante todo de una sólida calidad moral y de comprobada probidad que el Partido Revolucionario Institucional nunca instituyó.
juliofelipefaesler@yahoo.com
