En las últimas semanas en Baja California se multiplicaron las quejas por supuestas arbitrariedades de militares cometidas contra civiles, particularmente en el poblado de San Quintín y Mexicali, donde defensores de derechos humanos han documentado cuatro casos de abuso sexual contra mujeres.
La coordinadora regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gabriela Navarro Peraza, informó que en el poblado de San Felipe, en 30 días se recibieron seis reportes de abusos, cinco más en los meses pasados.
Entre esos casos se encuentra el de una mujer que fue presuntamente violada por militares que allanaron una vivienda en el municipio de Mexicali.
Privación ilegal de la libertad, allanamiento de viviendas, lesiones contra detenidos y ahora presunto abuso sexual, son las situaciones más denunciadas por la población, dijo la funcionaria.
Consideró que los casos de personas fallecidas después de haber sido detenidas por los militares, han motivado a que se cunda el descontento por la intervención de integrantes de Fuerzas Armadas.
Uno de esos casos es el de un residente de San Felipe, Mexicali, identificado como Guillermo "N", cuyos familiares denunciaron que murió a manos de militares, por lo que personal de la CNDH viajó hasta esta frontera para investigar cómo ocurrieron los hechos.
El caso también llamó la atención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo que su representante, Jorge Nava Gutiérrez, acudió para hacer un reporte al respecto.
También en San Quintín, ubicado al sur de Ensenada, se han recibido "más quejas de las acostumbradas", dijo y explicó que están a la espera de que el gobierno municipal solicite la intervención de la CNDH por una incursión militar en la comandancia policiaca de ese poblado.
El viernes pasado, militares rescataron de la comandancia municipal a dos de sus compañeros que habían sido detenidos por presuntamente manejar en estado de ebriedad un vehículo sin placas, además de que llevaban armas y no presentaron ninguna identificación que los acreditara como integrantes del Ejército.
Medios de comunicación de ese poblado reportaron que durante su incursión, los militares causaron destrozos en las instalaciones municipales, además de que lesionaron a los agentes que se encontraban presentes, por lo que el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, exigió que se realice una investigación y se sancione a los responsables.
Sobre este tema, el comandante de la II Zona Militar, Gilberto Landeros Briseño, negó que sus oficiales hubieran sido sorprendidos en estado de ebriedad, por lo que afirmó que se analizan los reportes que cada parte presentó.
La coordinadora de la CNDH mencionó que ya se presentó una denuncia penal por estos hechos.
