El presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, reverendo Samuel Rodríguez, pidió hoy a los hispanos mudarse a Alabama, para poner a prueba la ley antiinmigrante HB 56 que ha generado un éxodo de inmigrantes.
'Estamos pidiendo a los ciudadanos estadunidenses hispanos, a los pastores y líderes, a considerar mudarse a Alabama', dijo Rodríguez en una teleconferencia, en la que detalló una visita reciente de líderes a ese estado para denunciar la 'injusticia moral' de esa ley.
Manifestó que su objetivo es saber si la intención de la HB 56 es sacar a los inmigrantes indocumentados de Alabama, o también a cualquier grupo étnico distinto a la población blanca mayoritaria.
'Me gustaría que los hispanos estadunidenses se muden lo más pronto posible, para ver el cambio cultural que de una manera verdadera refleje los valores' del país, recalcó.
Rodríguez señaló que la ley de Alabama es 'anticristiana', porque afecta a muchos niños de familias inmigrantes que han dejado de ir a la escuela, y se ha negado agua y electricidad a viviendas móviles, entre otras medidas punitivas.
El reverendo, que apoya al movimiento por una reforma migratoria integral, rechazó la inmigración ilegal o una amnistía, pero comparó la lucha actual de los hispanos con la movilización de los afroamericanos contra las leyes de segregación y esclavitud en el país.
'Como cristiano y estadunidense, rehúso mantenerme callado ante la injusticia, la apatía y las leyes que contradicen los valores que hacen grande a este país', puntualizó.
En la teleconferencia participaron además los pastores Jim Tolle, de la Iglesia cristiana En el Camino, de Los Angeles, y Danny DeLeón, de la Iglesia del Templo Calvario de Santa Ana, California, entre otros.
El pastor Tolle cuestionó por su parte las 'motivaciones políticas' y el 'racismo' en la ley de Alabama, al criticar que en un estado que se precia de ser cristiano se contradigan las enseñanzas de Jesús de 'amar al prójimo'.
Asimismo, DeLeón sostuvo que el sistema migratorio actual es disfuncional y que la ley afecta a seres humanos, a quienes se niegan servicios básicos como acceso a agua potable y energía eléctrica.
Una corte federal estadunidense suspendió partes de la HB 56, como el requisito de que las escuelas pidan información sobre la situación migratorio de los estudiantes y sus padres, pero permite que la policía indague esta condición a quien sea detenido por infracciones de tránsito.
