Colocada en línea de choque la propuesta de reforma hacendaria planteada por la bancada priista en el Senado, al esgrimirse como punta de lanza la posibilidad de un IVA generalizado de 12%... incluidos alimentos y medicinas, el tabú impide una discusión amplia de la iniciativa en su plano integral.
A quién le importa si bajo el marco se plantea la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta de 30% a 25%, en paralelo a la desaparición del redundante Impuesto Empresarial de Tasa Única, cuya legitimidad no se reconoce en el exterior, lo que obliga a una doble tributación por parte de firmas multinacionales asentadas en el país.
Más allá, se plantea implantar un tributo a las transacciones financieras como el aplicado en algunos países sudamericanos, cuya recaudación en el mediano plazo se incrementó en un punto del PIB en promedio.
Desde otro ángulo, la propuesta empujada directamente por los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida, propone eliminar los regímenes especiales del Impuesto Sobre la Renta de que gozan los transportistas y los productores de alimentos.
Más allá, se plantea retirar la exención del Impuesto Sobre la Renta en las operaciones de compra de paquetes mayoritarios de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la intención de tapar el pozo después de que se benefició a Banamex, tras ser devorado por el Citigroup de los Estados Unidos.
De ahí, pues, el aplauso del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.
El problema, decíamos, es el IVA.
De entrada, viendo sólo una cara de la propuesta, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ya la calificó de inviable, aduciendo que no es el momento de reducir tributos de cara a los compromisos sociales del país en materia de salud y educación.
El problema, desde un ángulo, es que el ejercicio permitiría reactivar la economía vía el mercado interno, con la novedad de que a la larga se incrementa la recaudación.
Y el problema, desde otro ángulo, es que no se señalan metas específicas.
De entrada, no se descubre el hilo negro cuando se subraya el brutal atraso del país en educación, que nos coloca en el lugar 34... de 34 países afiliados al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Más allá, hasta hoy no se ha diseñado un plan de rescate del Instituto Mexicano del Seguro Social frente a sus formidables boquetes financieros.
Por lo demás, la inclusión del IVA como eje ya provocó una división entre las bancadas priístas en el Congreso, al rechazar los diputados soslayar la restricción estatutaria del partido, que impide apuntalar propuestas que modifiquen la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.
La restricción llegó tras una intensa presión para que renunciara a la coordinación de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados Elba Esther Gordillo, quien empujaba una propuesta del entonces presidente Vicente Fox.
El problema es que los cabilderos de la iniciativa han perdido la brújula.
Así, tras los regaños de Beltrones a sus compañeros, le sucedió una explicación bizantina de Labastida. De acuerdo a su óptica, no es justo que los productores locales de queso paguen impuestos cuando se puede importar queso gruyere, brie o camembert sin pagar un centavo de IVA. Y tampoco es justo que los productores de leche paguen al fisco sus tributos, cuando una paleta helada de leche no causa IVA.
Lo cierto es que en septiembre de 2009, cuando se diseñaba una reforma fiscal que se diluyó en un simple incremento de la tasa general del IVA del 15% al 16%, el Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) planteó letra por letra que el país no debía apresurarse a una consolidación fiscal que agrave la recesión innecesariamente.
Reforma de fondo, sí, pero en su momento, es decir cuando esté realmente cimentada la posibilidad de recuperación. El momento, pues, está en la coyuntura.
Y lo cierto, además, es que en esas mismas fechas el PRI elaboró un documento con el concurso del ex secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, y el ex subsecretario de Ingresos, Francisco Suárez Dávila, en que se señalaba que la posibilidad de una reforma hacendaria no podría concentrarse en el Impuesto al Valor Agregado... pese a que tampoco puede excluírsele. La propuesta hablaba de definir, como base, un gran objetivo social que garantice una ampliación efectiva de la red de protección a los sectores más débiles.
Por lo pronto, al margen de la canasta de productos básicos que quedaría exenta; al margen de mantener en el mismo escenario el cuadro básico de medicamentos con que opera el sector salud, la propuesta priísta camina, sin timón, al naufragio.
BALANCE GENERAL
La razón por lo que hasta el momento la Secretaría de la Función Pública no ha iniciado un procedimiento administrativo contra la empresa Transportación Marítima Mexicana y la Arrendadora Ocean, a quienes acusa de haberle cobrado un sobreprecio a Petróleos Mexicanos por el arrendamiento de cuatro barcos a casco desnudo durante cinco años, es simple: No tiene los amarres necesarios.
De entrada, la primera de las firmas presentó en su momento una inconformidad sobre las bases de la licitación, al considerar que se cargaban los dados en favor de Arrendadora Ocean, filial de Blue Marine.
Más allá, hete aquí que finalizados los contratos en junio de 2010, la dependencia permitió que Pemex los alargara por seis meses más.
Y si le seguimos, la Función Pública había perdido el round al consignarse el expediente al Ministerio Público, quien determinó el no ejercicio de la acción penal.
Se diría que la dependencia jugó a dar un golpe espectacular... con guante de algodón.
LLAMARADA DE PETATE
En la paradoja, frente al comunicado conjunto emitido ayer por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor anunciando sanciones a diversas firmas de telefonía celular por cobros indebidos derivados del uso del buzón de voz, Unefon, una de las señaladas, arguye que no existe en los expedientes reclamación o queja alguna por parte de los usuarios ante la propia Profeco.
Se sacó, pues, de la manga el golpe. Lo inaudito del caso es que las instancias señalan que las supuestas faltas se cometieron ¡hace seis años!
Se diría, pues, que la Comisión Federal de Telecomunicaciones está más interesada en los reflectores a levantar el tiradero que tiene en todos los terrenos que toca.
¿PATITO FEO?
Curioso, por colocarle un calificativo, que el gobierno festina inversiones ya viejas de 200 a 300 millones de dólares por parte de firmas extranjeras, en afán de atraer reflectores en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y mantenga un espeso silencio frente al anuncio del magnate Carlos Slim de apostar 44 mil 650 millones de pesos para la expansión o la creación de nuevas empresas.
La oferta habla de crear cuando menos 20 mil empleos nuevos.
