El Consejo de la Judicatura Federal decidió no ratificar en su cargo al magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, por tener en su expediente una sanción que se le impuso por haber hostigado laboralmente a una de sus subordinadas que se negó a sostener una relación sentimental con él.
"Durante su desempeño como impartidor de justicia no se ajustó a los principios de excelencia y profesionalismo que exige la Constitución", destacó el CJF al informar su determinación sobre el juzgador, quien ya fue separado de su cargo.
En un comunicado, precisó que los juzgadores federales (magistrados de circuito y jueces de distrito) son nombrados y adscritos por el Consejo, según las disposiciones de los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rigen la carrera judicial.
Con base en estas disposiciones el Consejo tiene, entre otras obligaciones, la de revisar el desempeño de los juzgadores al cumplir seis años en su cargo, para determinar si los ratifica o no.
En el caso de Ramos Pérez, el Pleno del Consejo, de manera unánime, decidió que la conducta en que incurrió (y por la que en el 2006 fue suspendido seis meses sin goce de sueldo) le impide seguir desempeñándose como juzgador federal, por lo que a partir del 24 de mayo fue separado de su cargo.
Ramos Pérez fungía como magistrado de Circuito, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México.
A partir de este caso, el Consejo determinó que quienes incurren en este tipo de conductas no sólo afectan a quienes son objeto de las mismas, sino también a la sociedad.
