Juicios orales. Este nuevo modelo de justicia no ha logrado despegar en el país ya que ha mostrado vacíos que sólo se llenan con capacitación. NOTIMEX
La aplicación del nuevo modelo de justicia sigue en pañales.
A 32 meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional aprobada en 2008, únicamente siete entidades del país operan el sistema basado en la oralidad de los juicios y el uso de métodos alternativos de solución de conflictos.
Un documento de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), revela que los estados en etapa de "operación" son Chihuahua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Baja California.
Estas entidades, indica, han cumplido con seis requisitos indispensables: infraestructura y equipamiento, tecnologías de la información y plataforma de comunicación, normatividad (reformas complementarias), capacitación, difusión y mejora continua.
En tanto, cuatro estados están en la etapa previa, la de "entrada en vigor"; 14 apenas en "planeación" y siete más, los más atrasados, siguen en "fase inicial".
"El impulso que se dé a las entidades deberá enfocarse a que todas, de manera progresiva y respetando su soberanía, avancen a su siguiente etapa (...) con miras a que en 2016 la reforma se encuentre implementada en la totalidad del país", destaca el informe "Avances en la Implementación de la Reforma", elaborado en enero.
Los órganos estatales encargados de instaurar el modelo acusatorio-oral atribuyen el desigual proceso de instauración básicamente a resistencias políticas y culturales, de acuerdo con otro documento de la Secretaría de Gobernación.
Ernesto Canales, integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, sostuvo que el grado de avance a nivel federal también es "muy bajo", condición que atribuye a la falta de liderazgo de la Setec para encabezar adecuadamente el proceso de implementación.
"Hay que preguntarnos dónde está la voluntad política del Gobierno Federal respecto a la reforma. Ni siquiera sabemos, por lo menos la ciudadanía, que haya un cronograma o planes. Ya vamos a llegar a los tres años y de lo único que hablan es que se han capacitado a tantos policías. "Y nuestra pregunta es: ¿conforme a qué patrón se han capacitado si no existe la reforma legal secundaria que implemente los principios de la Constitución", dijo.
Carlos Mendoza, especialista de la UNAM, criticó la falta de compromiso de los tres Poderes y tres órdenes de Gobierno.
"Hay una deficiencia en varios órdenes que nos lleva a tener retrasos muy importantes y que, en muchas ocasiones, utilizan únicamente el argumento de la ausencia de presupuesto para no concretar sus iniciativas", dijo el consultor en temas de seguridad y justicia.
