L A falta ancestral de voluntad política en nuestro país, explica el porqué nuestra justicia además de ciega, carece de balanza y espada y por añadido, se encuentra atada de manos.
Casos como el de la aprehensión de Hank Rohn a nivel nacional y la investigación en el homicidio del empresario Carlos Valdés Berlanga en el plano local, enfrentan la incomprensión del público, por decir lo menos.
En el primer caso, se trata de un político poderoso que ha gozado de impunidad al amparo del ejercicio del poder, lo que le ha permitido acrecentar sus negocios en el ramo de los giros negros vinculados a los juegos y espectáculos de apuestas.
Este fenómeno de los casinos legalmente permitidos que en nuestro medio comarcano es reciente, goza de posibilidades de expansión y desarrollo hasta el punto de funcionar de día y de noche, en contraste con prácticamente todas las demás formas comerciales de recreación, actualmente deprimidas por la inseguridad.
Para la protección de sus negocios, desde hace treinta años o más Hank dispone de un ejército particular y se volvió intocable, a la luz de los pretextos proverbiales del priismo que mantienen la impunidad, y que son tan variados como: "son males necesarios", "el respeto a los tiempos electorales" y el más reciente expresado por boca de Humberto Moreira, la presunta "cacería de brujas".
Hank Rohn es conocido por bandido y no por tarugo, por lo que con acierto se le compara con Al Capone, que a fin de cuentas pagó sus crímenes por vía del castigo a la evasión de impuestos. El hecho de que a nuestro personaje no se le haya probado hasta el momento otros delitos, no lo legitima para violar la Ley de Armas.
El apoyo priista masivo a favor de Hank Rohn se entiende, porque no se trata de un caso que en forma eventual haya caído en manos de la autoridad penal, sino de un delincuente orgánico al ejercicio del poder, a través de una estructura perniciosa esencialmente asociada a la identidad del Partido Revolucionario Institucional, actuando éste como receptáculo de poderes fácticos de todas las raleas.
Buscar la acción de la justicia fuera del calendario electoral en nuestro país en este caso y otros similares resulta imposible, por lo que quienes se dejan seducir por esa tesis, hacen el juego a la delincuencia y a la inseguridad.
Tampoco es obstáculo para integrar la acusación, el hecho de que a la postre redunde en una condena que resulte corta para los merecimientos del inculpado, pues los alcances de la justicia humana son limitados.
En el caso del empresario lagunero abatido en fecha reciente, ocurre que en principio se dio por sentada la autoría del crimen organizado sin embargo, la investigación dio lugar a una orden de arraigo en contra de un exyerno de la víctima, que alega que durante la integración de la pesquisa, le han sido violados sus derechos constitucionales.
La comunidad no debe temer por los efectos de la declaración que el inculpado asegura le fue arrancada por la fuerza, pues sea cual fuere su contenido, la Ley de Coahuila no reconoce valor alguno a la confesión en materia penal, salvo que su resultado se confirme con otros medios de prueba.
El derecho al justo proceso, y el principio según el cual nadie es culpable hasta que se le demuestre, ni en un caso ni en otro se encuentran a discusión, pero es evidente que la autoridad debe contar con los tiempos y los espacios para realizar su trabajo de investigación eso sí, bajo su responsabilidad.
Lo curioso es que muchas de nuestras autoridades son las primeras en dar la bienvenida a las movilizaciones públicas en contra de su actuación, como medio para justificar el retorno a su zona de confort, y seguir nadando de muertito.
Para romper este círculo vicioso, es importante mantener un apoyo crítico a la acción del Gobierno en todos sus niveles, a fin de que los procedimientos de impartición de justicia se sigan conforme a derecho, para arribar a las conclusiones que natural y razonablemente deriven de los mismos, y sobre todo, no dejar ninguna línea de investigación por explorar, ni una sola diligencia por desahogar.
