La absurda acusación llevada al Tribunal Penal Internacional de La Haya por unos activistas respaldada por más de 20,000 firmas, pidiendo enjuiciar a Felipe Calderón como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad no tuvo más sentido que repetir la ofuscada obsesión por intentar deslegitimar, por cualquier medio que su imaginación les sugiera, a quien en buena lid le ganó la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.
Tendría que demostrarse como ya lo ha dicho el funcionario de esa institución que Calderón ha encabezado una acción criminal contra su pueblo con el deliberado propósito de asesinar o exterminar un determinado sector.
Los hechos son diferentes. Todo gobierno democráticamente electo tiene el deber insustituible de defender el orden jurídico y el imperio de la ley. El combate al crimen organizado emprendido por Calderón responde precisamente a este criterio.
El pretender usar un órgano internacional con fines de política interna es un juego irresponsable que se vuelve en contra de sus autores. No es juego sin embargo, la infiltración de la actividad criminal en numerosas regiones de la república donde la vida normal se ha hecho imposible para la honrada ciudadanía.
No es se trata simplemente de apresar y llevar a juicio a malhechores por fechorías de orden policial. Las mafias retan frontalmente a la autoridad al imponer sus propias reglas para realizar su negocio de tráficar drogas, dinero y personas, y para ello chantajear, secuestrar y asesinar. El asunto es de seguridad nacional.
Contra esta situación, que por décadas enteras se había dejado crecer, había que actuar por razones de Estado y un mínimo de responsabilidad ética y humanitaria. Es ya un lugar común decir que la tarea de limpiar al país de este cáncer no puede realizarse con las magras e inoperantes fuerzas municipales. Recurrir a la fuerza del ejército y de la armada es indispensable.
Suprimir y ajusticiar a grupos criminales con vastos recursos financieros y arsenales repletos de armas tan modernas como las de las milicias tenía que provocar una terrible respuesta en términos de muerte. El que ascendieran a miles los homicidios es proporcional a la gravedad a había llegado el problema y hasta qué grado los criminales defienden su lucrativo negocio.
No son los militares. Los asesinos son los propios criminales. El intentar responsabilizar al Estado de esas muertes como si él las hubiese programado y practicado es un despropósito gigantesco sólo comparable con la dimensión de los mismos crímenes que los denunciantes quieren imputarle a Calderón.
La presencia del Ejército y de la Armada es imprescindible en donde operan las mafias. Quien dude de ello que le pregunte a los habitantes de las ciudades custodiadas, por ejemplo a los de Tamaulipas, Sinaloa o Michoacán, en que las patrullas hacen constantes rondines enfrentan a malhechores, confiscan drogas y dinero o liberan a víctimas secuestradas. La promesa de AMLO de regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles es irreal y no cuenta con el respaldo que electoralmente él desearía.
En todo el mundo se conoce la guerra contra el crimen que el Estado mexicano libra. Se podrá discutir el controvertido tema de liberalización de drogas, pero ninguna de las opiniones vertidas por expertos o funcionarios de alto nivel, incluyendo Jefes de gobierno pasados o actuales, deja de respaldar la vigorosa acción lanzada por Calderón. Es aún más importante notar que todos, sin excepción, subrayan que la lucha contra el crimen organizado requiere un decidido respaldo ciudadano que sepa denunciar e informar clara, oportuna y directamente y apoye a los elementos que constantemente exponen sus vidas.
La actividad de las mafias llega a influir en la vida nacional incluso en las decisiones del elector. El reciente caso de Michoacán viene a cuento. Los pronósticos favorecían claramente a Luisa Calderón, la candidata del PAN, pero a última hora la elección dio un vuelco inesperado con el triunfo de Fausto Vallejo, el candidato del PRI.
Una explicación muy plausible es que, a última hora, una parte del electorado prefirió votar por el candidato cuyo partido ofrecía una vida más tranquila que por el que continuaría la guerra contra el narco. Se colige que el público michoacano, repudiando al PRD, prefirió votar por la paz que el triunfo del PRI, con sus acreditados antecedentes de tolerancias con las mafias, auguraba. Paz, aunque fuera conviviendo con criminales. ¿Puede haber esperanzas de terminar con el cáncer?
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