MAPA DEL ESTADO DE COAHUILA 1860
En consecuencia el ministerio deHacienda señalaba al responsable del papel sellado en Nuevo León-Coahuila que en lo sucesivo “no concentirá U. sino por la fuerzamaterial la estracción de caudales de la Administración que es de su responsabilidad...8” . Día a día, las solicitudes y exigencias federales se tornaban más acuciantes.Alargo plazo, el problema se tornaría irresoluble para Vidaurri, que comenzaba amolestarse por el tono perentorio de ciertas disposiciones del decreto que el 3 de julio de 1862 lanzó Benito Juárez:
Perteneciendo a las rentas de la federación, conforme a la constitución y demás leyes vigentes, todos los derechos que la Ordenanza de aduanas ha establecido sobre el comercio estrangero, queda espresamente prohibido el que las autoridades locales, ya civiles, ya militares, cualesquiera que sea su categoría y las circunstancias en que se encuentren, puedan disponer en todo o en parte de los mismos derechos, alterar las cuotas fijadas, variar los términos y lugares de pago, o intervenir de cualquiera manera que sea, en la recaudación y distribución de los mismos derechos.
Si se recuerda que en Monterrey se concentraban y utilizaban con la más completa autonomía gruesos ingresos aduanales, que se variaban y fijaban con idéntica independencia los aranceles, que se designaban y cesaban funcionarios encargados de recolectar dichos recursos, que se indicaba dónde y cómo tenían que recogerse esos ingresos, que se concedían favores diversos a los grandes comerciantes que intermediaban artículos europeos y estadounidenses, que se alteraban situaciones del calibre de la zona libre, y hasta se determinaba inclusive a quién se debía pagar, y con qué intereses, las deudas que ocasionaba el movimiento de tropas y la defensa contra el invasor, si se toma nota de estas circunstancias, hasta podría suponerse que el artículo trascripto fue redactado pensando en el noreste. Insistiendo en su intención de aplacar autonomías al estilo vidaurriano, dicho decreto puntualizaba en su artículo segundo: Quedan derogadas todas la facultades extraordinarias que el gobierno general haya concedido á los gobernadores o comandantes militares para negociar los derechos, autorizar descuentos de letras o hipotecar los productos de las aduanas marítimas. Los importadores tendrán entendido que solo el gobierno general, por medio de las órdenes debidamente autorizadas por el ministerio de Hacienda, tiene facultad de negociar los derechos y de darles la distribución que crea convenientes, según las necesidades del erario. Además, el artículo tercero declaraba “nulos los contratos que hayan celebrado los gobernadores o comandantes militares de los Estados” atinentes a descuentos en derechos de importación, municipales, de contrarregistro, circulación y exportación de moneda “y cualquiera otros que correspondan a las rentas federales”. Y finalmente amenazaba con el decomiso de las mercancías importadas que circularan sin haber pagado lo que marcaba la Ordenanza de 18569.
Lo primero que habría que señalar sobre este decreto es que el gobernador de Nuevo León-Coahuila lo hizo circular el 12 de agosto, y lo publicó en el Boletín Oficial el 17 de ese mes. Quizás el retraso se haya debido a circunstancias imprevisibles pero, recordando otros antecedentes, lo más probable es que haya demorado su difusión de manera consciente. Luego debe destacarse que Vidaurri no le hizo demasiado caso. El 22 de agosto, cuando el administrador de la aduana de Piedras Negras comunicaba que, frente a las disposiciones del gobierno general, se veía “en el preciso caso de dar cumplimiento al supremo decreto referido”, y para quedar exento de responsabilidades hacía regir “en esta Aduana la Ordenanza General en todo su vigor y además suspensas todas las órdenes que a cargo de esta oficina estaban en vía corriente de pago”, recibía de Monterrey la siguiente respuesta:
Conservando el Estado una posición excepcional, por la suma pobreza a que está reducido y la cruel guerra que sostiene contra los bárbaros, el Administrador de la aduana fronteriza de Piedras Negras, debe seguir observando las prevenciones que se tienen hechas, no obstante las últimas disposiciones dictadas por el Gobierno general, a quien se le ha representado sobre el particular.
La orden fue acatada de inmediato por el funcionario de la frontera10. El 13 de agosto, en tanto, Vidaurri había incluido en una carta personal a Juárez la petición para que se le permitiera continuar utilizando rentas de la federación. Sus problemas resultaban enormes, y de no contar con dichos recursos “le juro a U. como amigo, vendría un trastorno en todo, cuyas consecuencias serían de mucho tamaño”. Seis días más tarde, insistiría ante el jefe del ejecutivo nacional: “hoy represento de oficio sobre el negocio de las rentas federales...”, y mencionaba que “la inversión aquí de las rentas federales en gastos de la misma Federación, son en la actualidad de riguroso interés nacional...”
Eran tiempos en que Juárez tomaba con calma, todavía, al altanero gobernador. Lejos de Monterrey, solía acceder a estas demandas. Poder central y poder regional aún lograban conciliar, mutuamente necesitados. El 2 de septiembre, el presidente le decía a Vidaurri que había autorizado a Comonfort a “disponer de las rentas generales de S. Luis, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, a fin de que atienda y aumente la división de su mando”. Con “este amigo de U. debe entenderse sobre el modo de remitirle las (rentas) de ese Estado...11” Frente al por momentos agresivo lenguaje de Vidaurri, seco y directo, Juárez prefería mostrarse cuidadoso y más amable. En este caso, el presidente admitía los reclamos del nuevoleonés, otorgaba, pero no dejaba de mencionar que se trataba de concesiones limitadas y aleatorias. El problema consistía en que Vidaurri asumía tan precarias concesiones como autorizaciones amplísimas, como reconocimientos absolutos a sus típicos planteos y a la política que implementaba en la región.
Por otro lado, este intercambio de correspondencia era muchas veces una pura formalidad para el comandante fronterizo. Entre carta y carta, mientras las lentas comunicaciones de la época llevaban y traían órdenes y contraórdenes, desde Monterrey se tomaban decisiones de todo tipo en la siempre debatida cuestión de los recursos federales. Y todo esto no era sino el reflejo de una relación entre poderes, en un momento en que había enormes dificultades para que se consolidara el gobierno central liberal. Eso explica la mesura de Juárez y la no muy discreta postura de Vidaurri, y permite entender que este conjunto de situaciones no se desprendía de actitudes personales, psicológicas, de los actores, sino de bases más estructurales que suelen emerger en las etapas de afirmación e integración de un Estado-nación. La relación Juárez-Vidaurri fue significativa en términos históricos y es importante en materia historiográfica no sólo por la dimensión espectacular que asumieron ambos personajes, sino también porque evidenció de manera sintetizada una problemática fundamental en la historia mexicana (y latinoamericana): la planteada en el siglo XIX, siglo de transición entre la vieja y pesada herencia colonial y la aparición de un Estado-Nación moderno, proyecto al que aspiraban con tenacidad los liberales del continente.
Es que el siglo XIX fue un tiempo de regiones más que de estados nacionales. La tendencia, empero, era articular, integrar diferentes ámbitos regionales en un espacio nacional. Pero no resultaba un proceso fácil, ni incruento. Las guerras civiles que azotaron a la mayoría de las sociedades latinoamericanas, en las décadas que corren desde la independencia hasta las cercanías del siglo XX, fueron producto en fuerte medida de la dificultad para imponer un orden global, general, supeditando los intereses regionales. Se trataba por otro lado de una etapa en la que el dominio de los grupos dominantes no podía manifestarse más allá de espacios geográficos limitados. Y, por tanto, había serios inconvenientes para configurar un orden político centralizado capaz de ocupar con todo vigor un marco nacional.
Resultaba visible: Juárez y Vidaurri expresaban dos proyectos históricos, obviamente contradictorios. En sustancia, había una visión nacional frente a una visión regional. En la coyuntura de los años sesenta del siglo XIX, ambos proyectos terminaron siendo incompatibles aunque no se estuviera aún en los tiempos en que las hegemonías regionales habrían de someterse al poder central, todavía débil e inestable. Aunque se toleraran entendimientos precarios, tendencialmente se tornaba inevitable el choque entre las dos propuestas históricas: el estallido, y su momento, dependería de la relación de fuerzas que cada una de ellas representara y de la seguridad que se tuviese de triunfar en el conflicto.
Y si en años de Porfirio Díaz los grupos dominantes regionales aceptaron y usufructuaron la incorporación al proyecto nacional en marcha, en época de Juárez, en medio de la aguda crisis que azotaba a México, detonaron decisiones distintas: una de estas sería la que en definitiva asumió Santiago Vidaurri al enfrentar al presidente.
8 AGENL, Hacendarios, 1862, /1, 12 de junio.
9 AGENL, Boletín Oficial, 17 de agosto de 1862
10 AGENL, Hacendarios, 1862/1, 22 y 31 de agosto
11 Roel, pp.131-135
