Un auto dispara sobre la fachada de un antro en la Ciudad de México. En menos de 24 horas, la policía difunde una serie de imágenes del instante en que un automóvil deportivo y sus escoltas hacen las detonaciones en contra del local. Poco tiempo después, el dueño del Lamborghini presentó su declaración frente al Ministerio Público. Por unos instantes parecía que la procuración de justicia funcionaba como un reloj suizo. El optimismo inicial sobre el caso entró en fase menguante. Como el individuo que hizo los disparos tenía licencia de portación de armas de fuego, el acto de disparar una pistola en la vía pública podría quedar diluido en una acusación de daño a propiedad ajena. Este delito sólo se persigue si se presenta una denuncia del afectado. El Código Penal del DF tiene una herencia absurda de los tiempos de Pancho Villa: tirar balazos en la calle no es necesariamente un delito.
La justicia es el resultado de una exitosa sucesión de actores institucionales. Una ley bien escrita. Una policía equipada para prevenir y capacitada para investigar. Tribunales blindados contra los cañonazos de la corrupción y un sistema penal que da tratamiento republicano a todos sus internos, sin admitir privilegios. La impunidad ocurre cuando falla una o varias de las argollas de esta cadena.
En el caso del Lamborghini naranja sí funcionó el eslabón de la infraestructura policial para la investigación. Las miles de cámaras distribuidas por las calles del DF son un atentado a tu anonimato, pero también impiden que los criminales pasen de incógnitos. La próxima vez que un imbécil vacíe el cargador de su pistola contra un negocio chilango, ubicado en una avenida grande, más le vale que vaya bien peinado. Su conducta quedará registrada en video. Los ojos de vidrio que miran las calles y las banquetas de la capital son una tecnología muy útil para el trabajo policial, pero no son una bala de plata para frenar la criminalidad. Esa munición mágica fabricada con metales preciosos no existe. Una eventual reducción de la criminalidad será consecuencia de un arsenal de estrategias para fortalecer cada uno de los eslabones del sistema de procuración de justicia.
Como lo establece Alejandro Hope, en el informe del IMCO Más allá de los BRICS: "El deterioro de las condiciones de seguridad en México, desde 2007, es un hecho objetivo". Entre 2007 y 2010, el número de homicidios dolosos casi se triplicó. Al mirar nuestro presente, el incremento del crimen y la violencia pareciera una espiral sin fin. Sin embargo, la evidencia que presenta Hope demuestra que esta tendencia no tiene por que ser una premonición del destino. Las instituciones del Estado tienen que fortalecer su capacidad de proteger inocentes y castigar culpables. De nada sirve tener la mejor tecnología policial si las influencias de un patán con Lamborghini permiten perpetuar la impunidad.
Un requisito fundamental para mejorar la estrategia contra el crimen es determinar dónde y cómo gastar los recursos disponibles para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Gastamos el dinero en cámaras de video para las ciudades o en profesionalizar al Ministerio Público? En el caso de Ciudad Juárez, las estadísticas criminales permiten vislumbrar una disminución importante de la violencia. Sin embargo hace falta una explicación de qué ha ocurrido en esa atribulada urbe fronteriza, donde la tasa de homicidios ha caído en un 50%. ¿Este avance fue resultado de las estrategias del gobierno o del triunfo definitivo de una banda delictiva sobre sus rivales? ¿Se puede "exportar" la estrategia de Ciudad Juárez a Acapulco y esperar resultados similares?
Para saber dónde gastar y qué estrategia seguir, requerimos de información y datos duros. "La lucha contra la delincuencia en México es un territorio libre de evidencia", sostiene Alejandro Hope. Según el diccionario, una estrategia es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Mientras no tengamos una bitácora de éxitos y fracasos de las políticas de seguridad será difícil saber por qué rumbo vamos.
