Llama poderosamente la atención la costumbre mexicana de encontrar inmediatamente la forma de descalificar y restar valor a cualquier medida gubernamental por positiva que sea y que le pueda favorecer. Este hábito forma parte de la psicología nacional que requiere ser corregido. El mexicano instintivamente desconfía de todo aquello que va en su ventaja.
Lo anterior viene a cuenta por las críticas que de inmediato han brotado por el decreto presidencial para aligerar el costo creciente de la educación privada en nuestro país y que otorga la deducibilidad de las colegiaturas a los padres de familia. Las voces que han criticado la medida buscan restar todo mérito a algo que viene pidiéndose desde varias décadas atrás.
El tema tiene que ver con una realidad nacional. La educación pública no es suficiente ni en cantidad ni en calidad para cubrir lo que se requiere para desarrollar el potencial y el talento intelectual de nuestra niñez y juventud. Esta circunstancia bien conocida, ha llevado a una multiplicación de escuelas privadas a todos los niveles, desde la preescolar hasta la universitaria que no tienen la virtud de ser gratuitas.
Es natural que sean las clases medias las que pueden cubrir las colegiaturas que corresponden a dichos planteles privados. Las clases populares son educadas en los planteles oficiales.
Decir que el decreto es una medida que sólo favorecerá a la clase media, es desconocer que al irse reduciendo el gasto neto de educación a través de la deducibilidad decretada por el presidente para cualquier número de estudiantes en una familia, se hace posible incorporar a un mayor número de estudiantes a las escuelas hasta ahora inaccesibles. La brecha entre la educación privada y pública queda reducida. Adicionalmente, se libera poder de compra para otros gastos familiares.
Los argumentos que de inmediato se han esgrimido en contra de la medida no dejan, pues, de ser poco realistas respecto a la ingente necesidad de fortalecer la educación en nuestro país. Desaprobar el uso de un decreto presidencial insistiéndose en que la medida debió esperar hasta la aprobación de una reforma fiscal integral, es una simple reacción frente al hecho de que la deducibilidad que nos ocupa no requiere de ese paso legislativo que todos sabemos se encuentra entrampado en interminables discusiones parlamentarias y cuya conclusión se ve lejana.
La única crítica que pudiera validarse es que el Ejecutivo hubiera podido dar este paso desde hace mucho tiempo. No hay que olvidar que desde 1979 figura dentro de las propuestas del PAN, invalidando así la supuesta paternidad de la deducibilidad que hoy se adjudica el PRI.
Son razonables los topes fijados para cada una de las deducciones que un contribuyente puede aplicar. De no existir éstos, el fisco podía verse obligado a deducir colegiaturas astronómicas que algunos planteles se dan el lujo de cobrar.
La deducibilidad del gasto educativo para las familias podrá no tener el propósito de mejorar la desprestigiada calidad de la educación impartida por el Estado. Es significativo que el SNTE exprese su aprobación a la medida, lo cual puede indicar su incipiente intención de rescatar al magisterio sindicalizado de las ínfimas calificaciones internacionales que todos conocemos. El mejoramiento de los estándares educativos será resultado de acciones de Gobierno a las que debe converger una mayor participación comprometida de los padres de familia que hasta ahora desentienden su obligación formativa dejándola irresponsablemente en manos de la escuela.
Por otra parte, llamar "electorera" esta medida, es forzar el sentido de este término. La función de todo gobernante es precisamente responder a un reclamo, a una necesidad de la sociedad. Y hoy, precisamente por hacerlo, el jefe del Ejecutivo corre el riesgo de ser criticado por haberlo hecho.
