En medio de las negociaciones que el gobierno de Coahuila realiza con catorce bancos para el refinanciamiento de la deuda estatal que asciende a más de 33 mil millones de pesos, el Congreso del Estado autorizó antier el uso total del Impuesto Sobre Nóminas - ISN- para pagar la deuda pública, aunque luego aclaró que no es precisamente que éste se vaya a destinar directamente como pago, sino que solamente será una garantía. Este impuesto tiene como principal objetivo el destinar los recursos a obras de infraestructura.
Asimismo, dentro de lo aprobado el pasado miércoles se concedió que la administración estatal tenga la facultad de fijar el monto de las participaciones federales que habrán de destinarse para pagar los créditos de deuda.
Esta nueva reforma se tuvo que realizar como requisito que fijaron los acreedores de las arcas coahuilenses, y como es de sobra conocido, no hubo grandes obstáculos para que 25 diputados del PRI, PRD e independientes dieran su consentimiento para darla por buena, en lo que fue una accidentada sesión, ya que alrededor de cincuenta manifestantes se abrieron paso a empellones en el salón principal del Congreso para inconformarse con lo que sucedía.
En el acto, aunque los legisladores panistas subieron a la tribuna para señalar que en todo este embrollo de la deuda se haya comprometido las finanzas de Coahuila, ninguno del PRI se tomó el tiempo de exponer argumentos a favor de la medida y sólo se limitaron con su voto, a avalar este procedimiento necesario para la reestructuración.
Con la noticia, algunas voces del sector empresarial se manifestaron en contra de esta maniobra que prácticamente hipoteca al ISN. El cual, es utilizado desde su creación hace casi dos décadas, para la financiación de obra pública. Además, su destino como tal era decidido por un comité conformado por funcionarios y empresarios.
Todo este sainete no es más que un capítulo más de la historia prevista desde hace mucho tiempo por el propio gobierno, cuando decidió endeudarse para costear todas las enormes erogaciones que tuvo que hacer para sufragar el accionar todo de "El Gobierno de la Gente".
Es posible que los hermanos Moreira y sus más cercanos colaboradores hayan calculado que se destapara todo el asunto del endeudamiento justo en el ínter donde no fueran ellos los gobernadores constitucionales. Tal vez imaginaron que esos 33 mil 867 millones de pesos que pidieron prestados y que afirman fueron aplicados en los respectivos ejercicios gubernamentales desde el primero de diciembre de 2005 hasta estos días, no tendrían costo político significativo o amenazante para con sus intereses si se ventilaban a la opinión pública justamente cuando quien ocupara la gubernatura fuera un tercero -como es el caso con Jorge Torres- y él fuese quien diera la cara por lo hecho. Incluso, por los que fueron contratados de manera ilegal con la falsificación de documentos del Congreso, y que forzó la renuncia al Sistema de Administración Tributaria de Javier Villarreal, identificado como uno de los hombres más leales al profesor Moreira.
Sin embargo, lo que tal vez no estaba en la hoja de ruta de años atrás de los Moreira, era que los bonos de Humberto se irían por los cielos y con ello pudiese alcanzar la presidencia nacional del PRI, lo que lo llevó a la exposición de los reflectores de los medios de la capital de la república con el consabido escrutinio público: de ahí el escándalo de mayores proporciones.
Con todos estos antecedentes, el que el Estado haya tenido que ceder a los requisitos que les haya impuesto las instituciones financieras para obtener mejores condiciones para lo que se denomina servicio de deuda, no debe sorprender a nadie. Esto era un paso necesario y el Gobierno tiene el control absoluto de los diputados tricolores, además de otros cuantos. Pero lo que sí sorprende es que se continúe con el cinismo de dejar para noviembre la promesa de dar un informe a los coahuilenses sobre cómo fueron utilizados los miles de millones de pesos con los que nos endrogaron y sí puedan ordenar a sus legisladores que aprueben lo necesario sin siquiera chistar.
Entiendo que la inmensa mayoría de los políticos vive de los emolumentos que perciben por ocupar las posiciones en cualquier orden del gobierno o de negocios aparejados con el ejercicio de su función, pero por más que intento no acabo de comprender la postura del diputado Salomón Juan Marcos o incluso Jaime Russek, que con carreras empresariales muy considerables hayan sido parte de la opacidad con la que hasta este momento se ha manejado la información de todo este tema. El poder definitivamente debe ser hipnótico, cuando lo económico está ya resuelto.
A esperar a noviembre cuando se informe a la opinión pública el detalle de cómo se gastaron esos casi 34 mil millones de pesos, y de ahí se hará un análisis más sustentado de que si fue realmente benéfico haber recurrido al endeudamiento o si fue más un dispendio populista. El asunto es que no debe ser tan fácil echarse ese tiro de endeudar de ese tamaño a Coahuila y no dar las explicaciones suficientes a los forzados deudores.
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