Es del conocimiento del público, que la Auditoría Superior de Coahuila presentó denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, en contra de cuatro ex alcaldes de esa entidad federativa. El procedimiento inicia a raíz de observaciones a la cuenta pública del año 2007, relativas a lo que el órgano de control considera hechos ilícitos cometidos en agravio de la hacienda pública.
La Auditoría Superior es un órgano técnico mediante el cual en teoría, el Congreso del Estado fiscaliza el gasto del Gobierno de Estado y municipios, así como de los organismos públicos autónomos. Sin embargo, en Coahuila el Congreso es de mayoría priista y dado el estilo retro del grupo en el poder, se halla sometido al Poder Ejecutivo.
En el caso en comento, entre los implicados aparecen el exalcalde panista de Torreón José Ángel Pérez Hernández y Evaristo Lenin Pérez, exalcalde de Ciudad Acuña por el partido de la Unidad Democrática de Coahuila, así como Alberto Díaz de León y Juan Gerardo Bilbao Marcos, que fueron directores de Simas Torreón y San Pedro respectivamente, durante las administraciones municipales de 2006 a 2009, que estuvieron a cargo de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
En un entorno en el que la impunidad es uno de los principales vicios de nuestra vida pública, la noticia de que se investigue al respecto sería bien recibida, de no ser por el sesgo partidista que acusa la medida y el uso que se le pretende dar como cortina de humo. Lo anterior porque la denuncia local cuyo comentario nos ocupa, surge a su vez en respuesta a las denuncias hechas por el senador panista Federico Döring ante la Procuraduría General de la República, en contra de Vicente Chaires y Javier Villarreal Hernández, el primero asistente del gobernador con licencia Humberto Moreira y el segundo secretario ejecutivo del Sistema Tributario de Coahuila.
La denuncia de Döring refiere a riqueza inexplicable en negocios de telecomunicaciones e inmobiliarias que se atribuyen a Chaires dentro y fuera del país, y a la contratación de una parte de la deuda pública de Coahuila por medio de documentos falsos, en tiempos en que Javier Villarreal Hernández era secretario de Finanzas.
La denuncia de la Auditoría Superior de Coahuila ante la Fiscalía local está fuera de tiempo, pues no se entiende que tenga lugar tres años y medio después de cerrado el ejercicio del año 2007, en el que se supone que ocurrieron las irregularidades que se les imputan al exalcalde panista de Torreón y a los otros implicados.
El retraso hace pensar que la inusitada inquietud del régimen de Moreira por hacer justicia, está orientada a tender una cortina de humo sobre las acusaciones hechas ante la PGR, en contra de funcionarios ligados al primer nivel del Gobierno de Coahuila.
Esta sospecha se fortalece en virtud de la falta de respuesta del propio Gobierno Estatal a las acusaciones que pesan sobre Vicente Chaires y Javier Villarreal, y a la circunstancia de que en relación a las mismas ni la Auditoría Superior ni la Fiscalía de Coahuila, han movido un dedo y ni siquiera han dicho esta boca es mía.
Lo anterior es pésimo para la salud de nuestra vida pública, porque el actuar parcial y lacayuno tanto de la Auditoría Superior como de la Fiscalía General de Coahuila, revela que en lugar de funcionar como herramientas de justicia por igual y para todos, son utilizados por el régimen moreirista para distraer del verdadero problema financiero del Estado, puesto que mientras la suma de las acusaciones contra los exalcaldes de oposición en su conjunto no llegan a setenta millones de pesos y están por comprobarse, la deuda pública de Coahuila rebasa los treinta mil millones de pesos.
Claro que la justicia debe actuar con independencia de que la sospecha de malversación refiera a cantidades pequeñas o grandes, pero en todo caso, la persecución por lo poco y el soslayo de lo mucho, hace dudar de las intenciones del régimen moreirista.
En su página de Internet, la Auditoría Superior de Coahuila predica un discurso que no practica, según el cual: "la transparencia y la rendición de cuentas implica un deber legal, ético y moral en un Estado de Derecho, por lo que la fiscalización de las cuentas públicas debe ser realizada bajo los principios de imparcialidad, independencia y objetividad".
Al cúmulo de señalamientos que se ha ganado el grupo en el poder en Coahuila, tenderemos que sumar el de la hipocresía de quién ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio.
