El proceso actual de ratificación de la hasta hoy presunta procuradora Marisela Morales (mientras el Senado no la convierta en la primera mujer procuradora general de la República) permite analizar la conexión del público masivo mexicano con el documental "Presunto culpable", todavía en cartelera.
Muchos de los antecesores varones de la maestra Morales siguieron siendo presuntos, aun tras su ratificación.
Porque cuando mucho se pudo presumir en ellos -y nunca comprobar- la alta responsabilidad de representación de la sociedad que le asigna la ley a la institución.
Porque en la práctica ha sido la Presidencia de la República la que ha terminado integrando el equipo del titular de la Procuraduría, y dándole órdenes a la cabeza del Ministerio Público federal, como lo ilustra Jorge Carpizo con el sexenio anterior, en su sugerente artículo académico "Diversos aspectos personales y sociales en la procuración de justicia en México".
Pero hoy los senadores y la presunta procuradora tendrían que estar conscientes de que este proceso de ratificación se da ante audiencias que han corroborado las taras del sistema mexicano de justicia en "Presunto culpable". Y que aquí habrá culpables a secas, no presuntos, de darle continuidad a un sistema en que la simple declaración de una persona -tomada como prueba testimonial- es suficiente para la fabricación de una acusación grave por parte del Ministerio Público, que a su vez lleva a construir un proceso judicial, que finalmente concluye en una sentencia del juez penal.
TEMPORADA EN EL INFIERNO
Independientemente de que el documental se refiere a un caso del fuero común en el DF, lo cierto es que también en el orden federal suele haber una cercanía delictuosa entre declarantes erigidos en testigos y agentes policiales que fabrican las acusaciones, con la anuencia de un agente del Ministerio Público que cohonesta los atracos de sus agentes ministeriales y la docilidad criminal de un juez que emite su sentencia condenatoria.
Esta es la película de la vida real de la gente común que cae en el infierno del sistema mexicano de justicia, con el agravante de que, en numerosos procesos, el declarante -el generador de la prueba testimonial que a la postre resulta concluyente de culpabilidad- con frecuencia es un testigo interesado o abiertamente comprado.
E, incluso, cuando se trata de acusados de las grandes bandas criminales, el declarante que desata la fabricación de un cargo y de un proceso judicial puede ser ahora un testigo "protegido": es decir, un delincuente o presunto delincuente que legalmente ha negociado su testimonio acusatorio contra otros, a cambio de beneficios procesales, reducción de sentencia, cambio de penal o transferencias económicas a sus familiares.
PROCURACIÓN, MEDIOS Y ELECCIONES De esta maquinaria inquisitorial se salvan quienes son capaces de movilizar grandes recursos, pagar costosos abogados y construir sus pruebas de descargo. Y así salen libres los más vistosos y vistosas exponentes del crimen organizado.
Pero contra el control presidencial de la procuración de justicia no hay defensa, cuando se trata de fabricar acusaciones con fines políticos. Porque no se trata de probarlas ante el juez en un tribunal de derecho, sino de montar tribunales paralelos de los medios para obtener rápidas sentencias de opinión pública con impacto inmediato en un proceso electoral.
Y si en el sistema judicial mexicano un solo testigo inducido, protegido o comprado puede aportar la prueba concluyente para una condena, en el sistema mediático mexicano, donde toda declaración es "fuente informativa" exenta de comprobación, las declaraciones de esos discutibles testigos de cargo seguirán teniendo -como en Jalisco 2006 y Guerrero 2011- fuerza mediática indiscutible para cambiar el sentido de una elección.
Poco vivirá quien no alcance a verificar la veracidad o falsedad de la promesa de la presunta procuradora de no prestarse a utilizar la PGR para esos fines.
