"La libertad de expresión es la matriz, la condición indispensable para casi cualquier otra libertad."
Benjamín Cardozo
En el IFE se está dirimiendo una nueva batalla por la libertad de expresión. Bajo el disfraz de otorgar un "derecho de réplica", se esconde un nuevo intento por limitar las críticas a los políticos.
El IFE, hay que reconocer, trató de evitar el tema. En una ocasión decidió que no podía intervenir en el caso de un político, Alberto Picasso Barroel, que exigía derecho de réplica al periódico El Norte (que publica también esta columna) por una información. El problema es que los legisladores, en su regresiva reforma electoral de 2007, modificaron el artículo sexto de la Constitución para señalar que "el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley". Nunca emitieron, sin embargo, esa ley a la que hace referencia el nuevo texto constitucional.
Cuando la exigencia de réplica de Picasso Barroel llegó al IFE, los consejeros dijeron que no había ley sobre la materia y que por lo tanto no podían intervenir. El 3 de febrero de 2010, sin embargo, una infortunada decisión del Tribunal Electoral ordenó al IFE emitir una especie de ley reglamentaria y sancionar a los medios de comunicación que se negaran a acatarla.
El fallo del Tribunal Electoral me parece inconstitucional. El IFE no tiene facultades para reemplazar al Congreso y emitir leyes cuando éste es omiso. Pero el problema de fondo lo creó el propio Congreso al establecer el cuestionable derecho de réplica y darle rango constitucional.
En Estados Unidos el derecho equivalente, la "fairness doctrine", obligaba a la radio y televisión, pero no a los periódicos, a dar tiempos iguales a los distintos puntos de vista políticos. Esto llevó a la desaparición de las opiniones políticas en medios electrónicos y limitó la discusión política a los medios impresos, donde un articulista, reportero o editor sí podía ofrecer sus puntos de vista sin tener que regalar espacios a otros para expresar los contrarios. Cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos estudió la fairness doctrine la declaró inconstitucional porque ahogaba la libre expresión de las ideas. Esa decisión del máximo tribunal estadounidense es la razón por la cual hoy vemos en la Unión Americana una expresión libre y vigorosa de ideas políticas en radio y en televisión.
En México los políticos colocaron el derecho de réplica en la Constitución en 2007 como una forma de inhibir las críticas en su contra y para conseguir espacios adicionales en los medios. La falta de la ley reglamentaria que exigía la enmienda del artículo sexto dejó las cosas en suspenso por un tiempo.
Ahora, sin embargo, el fallo del Tribunal Electoral del 3 de febrero de 2010 reintroduce el derecho de réplica de una forma particularmente negativa. Se está dando a los políticos, que tienen ya recursos, poder y acceso a medios, un instrumento para apropiarse de nuevos espacios en los medios. Los ciudadanos comunes y corrientes no quedan incluidos en ese nuevo derecho. Si alguien no es político o miembro de un partido, no podrá exigir el derecho de réplica que el IFE se apresta a "legislar".
El IFE se ha visto obligado a obedecer el fallo del Tribunal Electoral y ya está circulando propuestas para emitir esa ley que el legislador no quiso o no pudo preparar. Es una lástima porque, independientemente de las críticas que se le puedan hacer al texto en particular que al final acuerde el IFE, éste se convertirá en una nueva forma de censura a una libertad de expresión ya disminuida por las enmiendas electorales de 2007.
El problema no es que Pemex haya aumentado su plantilla laboral en 11 por ciento en un año, o que el incremento se justifique por la contratación de trabajadores temporales en vez de permanentes, sino que la paraestatal cuenta ya con miles de empleados que no tienen nada que hacer. Su plantilla es ya varias veces superior a la de otras petroleras de dimensiones similares.
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