Las democracias requieren de tiempo para consolidarse. En los ochenta los teóricos de las "olas de democratización" entraron en crisis cuando muchas de las "nuevas democracias" reventaron como burbujas. Hubo experiencias engañosas, efímeras, con cimientos frágiles. Partidos, competencia, elecciones regulares no eran condiciones suficientes. Que si no lo sabremos los latinoamericanos con casos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua o la intentona dinástica de los Kirchner. La nueva camada de estudiosos cambió la óptica: si las democracias no se asientan en valores liberales asumidos y defendidos por la sociedad, serán sólo caricaturas de lo que deben ser. La cultura liberal es al final el único cimiento confiable. Esos valores hay que cuidarlos para que las democracias no se desvíen o degraden.
Hace poco más de tres años un grupo de quince mexicanos interpusimos un amparo en contra de la llamada reforma política de 2007. Nuestra intuición inicial fue clara: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", reza el Artículo Sexto de la Constitución. Pero la reforma de 2007 modificó el Artículo 41 y estableció que sólo los partidos políticos y el IFE pueden contratar propaganda en radio y televisión. "Ninguna otra persona física o moral podrá contratar...". De pronto una libertad central de cualquier democracia quedó subordinada a consideraciones de tipo electoral. Se trastocó la jerarquía de valores. Además el nuevo 41 quiebra la espina dorsal del Artículo primero que establece el principio de igualdad entre ciudadanos y prohíbe la discriminación. A partir de la reforma hay dos categorías de ciudadanos, los de primera que pueden contratar y los de segunda que no. El nuevo 41 además violenta el principio de asociación o no asociación. Para ejercer a plenitud la libertad de expresión se tiene que militar en un partido. Unos pueden más que otros. Fabián Aguinaco, respaldó con amplitud doctrinal la intuición inicial. Esos fueron nuestros motivos, doctrinales, de principios. Pero los torcidos sólo verán torceduras.
La reforma fue popular pues respondía a varios enojos: la brutal erogación de dineros públicos hacia los medios -que gozan de gran antipatía- y la versión de que los spots de las cúpulas empresariales habían inclinado la elección en 2006. "Los dineros controlando la política", se decía. Se procedió por ello a centralizar las decisiones de la propaganda en el IFE al cual además se le dieron funciones para intervenir en las llamadas campañas negativas. El paquete huele en algo a un stalinismo trasnochado y su inaplicabilidad quedó demostrada en 2009. No se sacó a la televisión de todo el proceso electoral, como ocurre en muchos países, qué va. En México se quitaron derechos a los ciudadanos y se privilegió a las dirigencias partidarias, algo muy diferente. La libertad de expresión y el principio de igualdad fueron pisoteados.
Pero además en el camino hubo sorpresas. Fabián Aguinaco encontró que la reforma había sido impulsada con prisa violentando muy diversas normas y procedimientos, tanto de la normatividad del Congreso federal como en las legislaturas estatales. ¿Qué hacíamos? Eso no estaba en nuestra ruta de argumentos, pero igual teníamos que denunciar los hechos. Resulta que en nuestra incipiente democracia los señores legisladores no cumplieron con las normas para modificar nada menos que la Constitución General. Por cierto, ellos las generaron. Ahora hay quien quiere introducir el criterio de gradación: aceptan las violaciones, pero arguyen que no son graves, el popular qué tanto es tantito. Lo torturaron, pero no mucho, lo incomunicaron, pero sólo un ratito, la violaron, pero poquito. Ese México que todo lo relativiza, aterra.
Además, quién califica los quebrantos normativos, ¿los propios legisladores, acaso son juez y parte? Para eso está la Corte, para garantizar un Estado de Derecho comenzando nada menos que por uno de los poderes. O acaso no conforman también al Estado mexicano. Esa es la discusión. Relativizar las violaciones de proceso corrompe la discusión. El simple intento de establecer grados de gravedad en un procedimiento muestra no haber entendido un debido proceso. O se respetaron o no se respetaron las normas que deben regir a 100 millones de mexicanos. Eso es lo que está en juego.
En el camino ha habido mezquindades e infundios. Profesionales de la confusión y el resentimiento que no quieren entender que 15 conciencias libres defiendan principios y no se vendan a nadie. El león cree que todos son de su condición. Pero el balance es muy positivo. Nos tocó en suerte confrontar a la SCJN con su propia historia. Si concede el fondo ratificará que hay jerarquía en la pirámide normativa, que las libertades básicas son intocables. Si concede los vicios en el proceso se erigirá en un firme Tribunal Constitucional. Nuestra democracia será más sólida, habrá crecido, México habrá ganado.
