Fue necesario que la eliminación este mes de las tarifas a las importaciones chinas orillara a una parte de nuestra industria nacional a exigir a las autoridades medidas específicas para defender a plantas y empleos contra la introducción de productos a precios notoriamente desleales. Los muy precarios y dilatados procesos de antidumping que se siguen conforme a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, son insuficientes y por ende ineficaces para corregir la situación que día a día se agrava al amparo de la irrestricta apertura de nuestro mercado a la feroz competencia internacional.
Desde hace mucho tiempo está pendiente llenar la falta que hace en materia de importaciones de los precios "oficiales" que sirven para comparar el valor declarado de una mercancía que entra a la república con el comercialmente real. Sin esa referencia no es posible que la aduana distinga si el importador ha subfacturado sea para engañar al fisco para eludir o reducir el impuesto de importación que le corresponde o simplemente dejado constancia del bajo valor, inferior muchas veces hasta de la materia prima de que está hecho el producto, en que se ha realizado la compra.
La eliminación de los "precios oficiales" fue en acatamiento de las reglas de la OMC, antiguo GATT, que los tiene por barreras al comercio internacional y, según tal tesis, un reprehensible obstáculo al desarrollo económico y social. Por el contrario, sin embargo, la fijación de precios oficiales o de referencia fue durante su vigencia un valioso indicador auxiliar de la calidad o falta de ellas en las compras que México hace al exterior. Los precios oficiales fueron siempre determinados de acuerdo con los valores del mercado.
Ambas situaciones son nocivas para México. La SHCP tiene un evidente interés en evitar la subvaluación intencionada asentada en el pedimento aduanal ya que con ella se elude la aplicación del impuesto de importación o al menos del IVA que debiera corresponder.
Pero independientemente del delito de defraudación fiscal, la industria mexicana tiene necesidad de tener la máxima información posible sobre los datos asentados en los documentos aduanales de importación ya que de esta precisión depende compararla con los valores reales de mercado y con ello acusar de prácticas desleales de comercio y con ello detener la creciente ola de importaciones que perjudican las ventas del producto nacional en nuestro propio mercado. Se limita así la posibilidad de mantener los niveles de empleo, ya no se diga de ampliarlos.
La eliminación el 15 de diciembre de los impuestos de importación de una larga lista de productos chinos en virtud de los acuerdos suscritos en la OMC afocó el reflector en este asunto. En respuesta el SAT diseñó un instrumento que ayudará a corregir el problema. Se trata de un mecanismo de "prevalidación" al que el industrial interesado debe inscribirse para darle a la autoridad aduanal información sobre los precios de las materias primas relevantes. Si el sistema detecta un costo menor al este dato, la "prevalidación" disparará una alerta al sistemas central del SAT.
La SHCP espera detener defraudaciones y aumentar su recaudación con este nuevo mecanismo automatizado. El hecho de que la finalidad es primordialmente fiscal revela que la acción deja en segundo lugar el propósito, que debiera ser primordial, de defender a la industria nacional y los empleos que de ella se derivan.
Anotar en la factura un valor inferior al del comercialmente verdadero es la subfacturación fiscalmente fraudulenta. El precio de materia prima, sin embargo, no es siempre el dato eje, el valor de otros insumos técnicos por ejemplo, puede ser el determinante.
No siempre un valor inferior al normal del mercado para el producto terminado en cuestión indica una subfacturación fiscalmente fraudulenta. El valor asentado en el pedimento puede ser el real de la operación, pero inferior a lo comercialmente usual o aún más bajo al del precio de la materia prima del que esté hecho el artículo. Aquí se estará en verdadero caso de "dumping", práctica universalmente condenada. El criterio hacendario, recaudatorio, es muy secundario en prioridad al de defender a la industria y los empleos.
En resumen, el novedoso mecanismo de "prevalidación" es parcial y sólo un paso hacia las medidas que México requiere para defender su agricultura e industria. Falta reinstalar precios oficiales fijos y predeterminados, controles para impedir importación de los productos supérfluos y de lujo que merman nuestras reservas. En ciertos casos, necesitamos un método para sujetar a autorizaciones, permisos expresos, la importación de productos cuya fabricación sea expresamente alentada a formar áreas y cuadros con experiencias prioritarias.
Hay que felicitar a los que inventaron la "prevaluación", pero a la vez hay que decirles que la agricultura y la industria nacional requiere mucho más del gobierno para ser efectivamente apoyada.
juliofelipefaesler@yahoo.com
