El lunes pasado, casi ahogadas por la ola de indignación que provocó el incendio deliberado de una casa de apuestas de Monterrey y la muerte de 52 inocentes, las autoridades federales y de Nuevo León presentaron a cinco de los presuntos autores del atentado. Todos, según el gobernador Rodrigo Medina, confesaron su participación en el ataque y ser parte de la organización criminal Los Zetas. El mandatario local adelantó, además, que todo apuntaba hacia una represalia de ese cártel porque los propietarios habían sido extorsionados y se negaron a pagar lo que los delincuentes les exigían, lo que se convirtió en la principal línea de investigación. Ésta sufrió días después una deformación: que los operadores del casino Royale se negaron a pagar protección o derecho de piso.
Cualquiera de esas dos posibilidades no concuerda con el hecho de que el operador de la casa de apuestas ubicada en avenida San Jerónimo 205 de la capital regiomontana, Raúl Rocha Cantú, haya huido, presumiblemente hacia Miami, al saber que había una orden de presentación en su contra. ¿Por qué huiría alguien que es víctima de una extorsión de delincuentes?
Aquí le he documentado que el casino Royale opera bajo el permiso 4117 otorgado a Rodrigo Aguirre Vizzuett el 1 de junio de 1992 y que a partir de ese permiso, operadores como Rocha Cantú y Ramón Madero Dávila habían entrado al negocio, lo que permite la ley mediante contratos específicos.
Quienes conocen el negocio del juego no se refieren en muy buenos términos a Rocha Cantú y Madero Dávila. Es más, aseguran que uno de ellos o los dos habrían recibido financiamiento de la mafia e incumplieron con el pago periódico generado por los intereses del capital prestado. Incluso, sugieren a las autoridades que no desdeñen esa línea de investigación.
De ser así, estamos hablando de lavado de dinero, la parte en la que debería incidir con mayor contundencia una nueva estrategia contra el narcotráfico. Los concesionarios consultados lo explican así: la mafia presta dinero bajo el compromiso de devolverlo con intereses en determinados plazos hasta saldar la totalidad del dinero sucio prestado, pero ya lavado. De ahí que consideren que lo del casino Royale fue una venganza que por desgracia cobró vidas inocentes. Por ahí irá el asunto si realmente se deciden a buscar la verdad jurídica de estos lamentables hechos.
1. EDOMEX. Se intensifican los jaloneos políticos por el reparto de posiciones en el gobierno de Eruviel Ávila, quien tomará posesión el próximo 16 de septiembre. Lo que ya parece claro es que uno de sus contrincantes en la búsqueda de la candidatura tricolor, Ernesto Nemer, será su secretario general de gobierno. Por lo pronto, todo está listo para que el próximo lunes, Enrique Peña Nieto rinda su último informe de gobierno en el teatro Morelos de Toluca.
2. ACUERDO. Los tres principales partidos acabaron por repartir en tres períodos de gestión el último año de la presente Legislatura que es, además, año de elecciones presidenciales. Y el manejo político de ese proceso subyace en una decisión que tardó en plancharse un día completo. Así las cosas, PRI, PRD y PAN se repartieron en períodos de cuatro meses la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se acordó que el PRD presidiera la Junta de Coordinación Política. Como la ley prohíbe que un mismo partido ocupe Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, aún no se define qué van a hacer cuando coincidan legisladores del sol azteca en esas posiciones. ¿Modificarán la ley o qué nuevo acuerdo tomarán? Por lo pronto, la presidencia de la Mesa Directiva la tendrá de septiembre a diciembre el priísta Emilio Chuayffet (¿Peña Nieto?); de enero a abril, el perredista Alejandro Encinas (¿López Obrador?) y de mayo a agosto, el panista Francisco Javier Salazar (¿Vázquez Mota?). La Junta de Coordinación Política será encabezada por el perredista Armando Ríos Piter (¿Ebrard?).
3. TWITTEROS. Beatriz Hernández Rivera, juez tercera de Xalapa, dictó formal prisión a María de Jesús Bravo Pagola y a Gilberto Martínez Vera por los presuntos delitos de terrorismo equiparable y sabotaje. Se trata de dos twitteros que el pasado 25 de agosto transmitieron en la red social los rumores de ataques a planteles escolares en la zona conurbada de Boca del Río-Veracruz. ¿Esta situación excepcional se convertirá en regla con las reformas que se pretenden hacer a la Ley de Seguridad Nacional?
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