El accidente ocurrido en una mina de carbón de la región carbonífera de Coahuila, el pasado martes 3 de mayo, donde 14 mineros perdieron la vida y un menor de 15 años de edad, perdió el antebrazo derecho, evidencia que las minas y pocitos son las otras fosas donde anualmente mueren en promedio aproximadamente 80 mineros, sin que sus familias reciban indemnización y, en muchos casos, ni siquiera pensión, porque sus patrones ni siquiera cumplen con sus obligaciones legales.
De acuerdo a datos dados a conocer por el senador panista Ricardo García Cervantes, en la tribuna de la Comisión Permanente, de 1989 a la fecha (22 años) han fallecido, cuando menos, 1,712 mineros en diversos siniestros ocurridos en la región carbonífera de Coahuila; de éstas 135 ocurrieron en los últimos diez años.
Por su parte, la diputado petista, Laura Itzel Castillo, expresó en la misma tribuna, según consigna el periódico capitalino La Jornada en su edición del 5 de mayo, que en esa zona de Coahuila hay 10 mil pocitos, con características similares a las que presenta la mina en la que ocurrió el referido siniestro. Los pocitos son viles boquetes, con tiros de un metro y veinte centímetros de altura, en los que los trabajadores tienen que trabajar jornadas de más de 12 horas agachados. Además de que no cuentan con las mínimas prestaciones legales.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en una entrevista con La Jornada, hizo un llamado a las autoridades "para que dejen de ignorar los hechos y pongan alto a la situación de esclavitud moderna que padecen los mineros. Puntualizó que los pocitos son sepulcros tolerados, "son fuentes de explotación y muerte". Precisó que si no se actúa en contra de los "empresarios poceros" es porque no existe voluntad para hacerlo, pues los pocitos "se ven".
Lo que hoy se sabe con plena certeza es que de los 15 mineros afectados en el estallido del martes, únicamente 7 estaban inscritos en el IMSS; que Jesús Fernando Lara Ruiz, el menor de 15 años que resultó lesionado, obtenía 700 pesos por semana; que los mineros que carecían de seguridad social, recibían a cambio de su silencio, 300 pesos semanales más que sus compañeros que sí contaban con las prestaciones de ley, con lo cual los primeros ganaban mil 200 pesos semanales.
También se estableció que la explotación de la mina se hacía de manera irregular, pues aunque el 3 de noviembre de 2005, la Secretaría de Economía, expidió la concesión por 50 años a favor de Luis González Garza y Minera El Sabino, no reportaron que la explotación de la mina la realizaría la empresa Beneficios Industriales del Norte, S.A. (BINSA) propiedad de un hijo del primero, Melchor González Vélez. La mina inició operaciones apenas hace 25 días.
Por si estas evidencias fueran insuficiente, desde febrero de 2006, cuando ocurrió la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha emitido cuatro recomendaciones a las autoridades responsables de la seguridad de los trabajadores (Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo y Previsión Social) por sus "conductas tolerantes y omisas" para hacer cumplir los "reglamentos en materia de seguridad e higiene" en las minas de la región carbonífera de Coahuila. Dos de las recomendaciones fueron en relación al accidente de Pasta de Conchos; y las otras dos, con accidente que ocasionaron la muerte de otros 3 trabajadores, en otras dos minas.
De acuerdo a las recomendaciones formuladas las minas carecen, entre otros requerimientos mínimos, del equipo de protección adecuado para el desempeño de su labor, para evitar daños a su salud; equipo de iluminación, limpieza y señalización, así como extractores de humo, y metanómetros para medir la cantidad de ese gas en el ambiente y alertar sobre el riesgo.
Los accidentes mineros ocurren en todas partes del mundo, sin embargo, lo condenable es que en la región carbonífera persistan formas de explotación inhumanas con la complacencia de las autoridades, federales y estatales, y la omisión de los legisladores, que como señaló el mismo senador García Cervantes, según da cuenta el diario La Jornada, "desde 1989 a la fecha quedan pendientes de aprobación acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de Naciones Unidas, que no han sido ratificados por el Senado, que han sido retirados por la cancillería, que no cuentan con la aprobación de la Secretaría del Trabajo."
La aprobación de estos instrumentos internacionales y la incorporación de las disposiciones correspondientes en las leyes reglamentarias, permitiría a México desarrollar la minería de conformidad con los estándares internacionales, en materia de seguridad, higiene y protección a los trabajadores.
La muerte de cualquier ser humano es lamentable y, cuando ésta sucede como consecuencia de la irresponsabilidad o -peor aún- de una actuación al margen de la ley de una empresa o persona física, deben fincarse las respectivas responsabilidades civiles y penales. Pero lo más preocupante y condenable es que las muertes evidencien que lo común en las minas de la región carbonífera de Coahuila es precisamente la irregularidad y la ilegalidad, sin que las autoridades hagan nada para solucionarlo.
También en estas fosas se encuentran periódicamente cientos de cadáveres de personas inocentes que fallecen a consecuencia de la actuación criminal de quienes presuntamente les otorgan un empleo, para que sobrevivan ellos y sus familias, pero en realidad los someten a condiciones inhumanas de explotación, con la tolerancia y/o complicidad de las autoridades. Tampoco la estrategia de combate a la explotación, funciona.
