E L pasado lunes 10 de octubre un grupo de 46 personalidades del mundo de la política, la academia, el periodismo y la sociedad civil firmaron un desplegado apoyando la idea de legislar para integrar gobiernos de coalición; entre los firmantes se encontraban legisladores que presentaron sendas iniciativas, en sus respectivas cámaras, con dicho propósito.
El desplegado manifestaba el acuerdo con la idea de un gobierno de coalición, pero no especificaba detalles para su implementación ni operación, porque seguramente en los mismos no estaban de acuerdo todos los firmantes, pues las dos iniciativas muestran diferencias que son centrales.
Los gobiernos de coalición, según la definición que se desprende de la iniciativa de Beltrones, implican la integración de un gabinete con individuos provenientes de distinta filiación partidista, producto de un acuerdo de "carácter institucional y democrático" entre las distintos partidos políticos en los que éstos militan. Normalmente estos acuerdos implican además del reparto de posiciones en el gabinete, la incorporación de propuestas específicas en el programa de gobierno, que en el proyecto de Beltrones tiene que traducirse en una propuesta específica de políticas públicas.
Sin duda, los gobiernos de coalición son una vía para lograr en el Congreso la mayoría, que no se logró en las urnas, y una alianza o coalición electoral no necesariamente se traduce en un gobierno de coalición. Y éstos son una opción democrática (pues no se violenta la voluntad ciudadana) para tratar de alcanzar una mejor gobernabilidad.
Sin embargo, la discusión se centra en las formas de lograrlo y de implementarlo. La iniciativa presentada en el Senado a instancias del priista Manlio Fabio Beltrones, el pasado 14 de septiembre, se concentra en abrir la posibilidad, siempre a juicio y voluntad del presidente, de integrar un gobierno de coalición y para ello le coloca básicamente dos condiciones: una, que los integrantes de su gabinete sean ratificados por el Senado; y dos, que las políticas públicas que convenga la coalición se registren ante las Cámaras del Congreso para su seguimiento.
Por su parte, los diputados encabezados por el perredista Guadalupe Acosta Naranjo propusieron, el 22 de septiembre, también la integración de un gobierno de coalición, pero con dos adiciones y una diferencia: una, la figura de un jefe de Gabinete; y dos, la posibilidad de remover al jefe de Gabinete y los secretarios de Estado por la vía de una moción de censura, aprobada por las dos terceras partes de los senadores, salvo en el caso del secretario de Hacienda (que es donde surge la diferencia) cuya designación sería aprobada por la Cámara de Diputados y cuya moción de censura sería votada en la misma Cámara.
Sin embargo, para complicar todavía más el tema y, desde luego, evitar que se pueda aprobar alguna de ellas o una combinación de las mismas, los diputados priistas hicieron su propia propuesta el pasado 6 de octubre, y aunque no se atrevieron a proponer la reinserción de la cláusula de gobernabilidad, que sí impulsa su jefe real, Enrique Peña Nieto, realmente busca incrementar la sobrerrepresentación que siempre, salvo en la elección del 2006, ha tenido el Partido Revolucionario Institucional, para lograr "mayorías estables que sean capaces de asumir los riesgos de la toma de decisiones", obviamente aunque sus porcentajes de votación sean muy por debajo de sus porcentajes de representación en la Cámara de Diputados, con lo cual sí violentan la voluntad popular.
La iniciativa en realidad es muy amplia y no todas las propuestas están vinculadas a este tema, pero hay una que puede resultar relevante para este propósito, por su similitud con el registro de las políticas públicas que propone Beltrones, la aprobación en la Cámara de Diputados del Plan Nacional de Desarrollo.
Las tres iniciativas tienen propuestas que son rescatables y que eventualmente conducirían a un gobierno de coalición, pero sin siquiera tener que establecerlo como tal en la Constitución y plantearlo como una opción cuya duración y profundidad depende única y exclusivamente de la voluntad del presidente.
De la de Beltrones se puede rescatar la ratificación del gabinete por parte del Senado de la República; de la de Acosta, la moción de censura, que desde luego es una consecuencia lógica de la ratificación de un nombramiento; y de la priista, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Cámara de Diputados, particularmente ésta hay que complementarla con la posibilidad de que haya consecuencias con su no cumplimento, pues de lo contrario sería otra de las tantas normas imperfectas (disposiciones cuyo incumplimiento no tiene ninguna sanción aparejada) ya vigentes en México.
La incorporación en la Constitución de las tres nuevas disposiciones, que desde luego irían en la vía de parlamentarizar el régimen presidencial, conduciría en algunas circunstancias a la construcción de un gobierno de coalición y, en otras, simplemente obligaría a la integración de mejores gabinetes presidenciales y mejores programas de gobierno, lo cual debe desembocar en un mejor gobierno y, por lo tanto, una mayor gobernabilidad democrática.
Pero tendría dos ventajas: una, las fórmulas adoptadas serían por seis años y no por tres, como se deduce de la propuesta Beltrones en la medida en que si el partido del presidente obtiene la mayoría en la Cámara de Diputados en cualquiera de las dos elecciones dejaría de lado el gobierno de coalición; y dos, la responsabilidad del éxito o fracaso estaría claramente delimitada al partido que ganó la Presidencia de la República, pues incluso en el caso que llegue a integrar un gobierno de coalición, no habría una identificación formal del mismo.
