Convertida en manzana de la discordia la posibilidad de construir una segunda terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 10 kilómetros de la primera, hace una semana la firma china Hutchison Port Holdings, concesionaria de ésta, logró un amparo que impide la posibilidad.
Otorgado éste por la décima primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administradora, la exposición de motivos señala que la firma del país de la muralla tiene un privilegio otorgado por el gobierno que impide la competencia en 10 años, en afán de recuperar una inversión de 240 millones de dólares.
La terminal del puerto del Pacífico inició actividades en noviembre de 2007.
Sin embargo, el Plan Maestro con que opera la compañía oriental no contempla ninguna cláusula al respecto. En paralelo, la concesión original la obtuvo la Controladora y Operadora de Terminales, empresa hermana del grupo Mexgal, en el 2004.
Hutchison adquirió el 51 por ciento en el 2005, y dos años después el 100.
Si la supuesta tregua o exclusividad contara a partir del año en que se concedió la concesión, en realidad a ésta le faltarían tres años... con la novedad de que sería prácticamente el plazo mínimo requerido para construir o poner en operación la nueva terminal.
Sin embargo, conforme a las proyecciones del Plan Maestro, desde el punto de vista práctico Hutchison Port Holdings estaría ya en el año 16 del negocio, es decir sus ingresos superan con mucho el cálculo de recuperación.
Aun así, la empresa china tendría 33 años más para amortizar su inversión, en un horizonte en que la concesión se otorgó a 50 años. La razón es simple: el mercado, dominado en exclusiva por la firma, alcanza ya 800 mil contenedores.
Ahora que Hutchison mantiene también el 100 por ciento del mercado de 136 mil contenedores en Ensenada y el 25 por ciento de los 1.5 millones que representa el Puerto de Manzanillo.
Y si le seguimos, la firma china domina, con Altamira Terminal Portuaria, el 100 por ciento del mercado de 473 mil 152 contenedores en el puerto de Altamira, y el 97 por ciento del de 662 mil 531 contenedores en Veracruz.
Del Golfo al Pacífico, pues, los chinos son reyes.
Sin embargo, la firma sostiene que existe una embestida en su contra por parte del coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón, a quien se señala como hombre de confianza del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
La sospecha es que éste fue socio en un tiempo de las firmas SSA México y Maersk Line, a quienes se ubica como interesados en ponerle tienda de enfrente en Lázaro Cárdenas.
De acuerdo a su alegato, Chacón realizó arbitrariamente nueve modificaciones, a las que calificó de menores, al Programa Maestro de desarrollo del puerto, en afán de abrirle la puerta a la competencia.
Hutchison jura y perjura que tiene en proyecto inyectarle 400 millones de dólares más a sus instalaciones de Lázaro Cárdenas.
El problema, naturalmente, es que frente a las acusaciones de parcialidad contra el magnate Carlos Slim, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra frente a la oportunidad de demostrar que hay tabla rasa contra empresas hegemónicas.
Por lo pronto, Hutchison Port Holdings señala que no participó en ninguno de los concursos convocados en el 2008, 2009 y 2011 por la Administradora Portuaria Integral en Tuxpan para construir y operar una terminal de contenedores, dado que la empresa que gane el concurso debe pedirle permiso para operar a la firma Riberas del Pantepec, integrada por SSA México y el grupo Braniff.
El caso es que los enredos, los titubeos de la autoridad, el favoritismo hacia algunos grupos y demás etcéteras, mantienen paralizada la posibilidad de crecimiento en la infraestructura de carga marítima en el país.
¿Hasta cuándo?
BALANCE GENERAL
A diferencia de la celeridad con que se atienden las denuncias por prácticas desleales de comercio que colocan en la mesa empresas hegemónicas como Bachoco, la Secretaría de Economía lleva ya 18 meses "analizando" una presentada por la Cámara Nacional de la Industria Textil contra las importaciones chinas de mezclilla.
La exposición de motivos habla de grave daño a la industria nacional, con amago de provocar su desaparición.
Bajo la magia del subsidio que le otorga el gobierno chino a sus exportadores, la mezclilla que llega al país se cotiza en 27 centavos de dólar por cada metro cuadrado.
El costo, naturalmente, es inferior al que se cotiza en el propio país de la muralla, lo que constituye una práctica de "dumping".
De hecho, éste no cubre ni el de las materias primas, es decir la fibra de algodón.
Naturalmente, a la vista del inaudito regalo, las importaciones de mezclilla china se incrementaron 236 por ciento entre el 2007 y 2010, lo que representa el 36 por ciento de la producción nacional.
El golpazo ha provocado un cierre masivo de empresas. Del tamaño del amago contra la producción nacional habla la inaudita adhesión de la Unión Nacional de Federaciones y Sindicatos Obreros de la Industria Textil a la demanda que duerme en la dependencia encabezada por Bruno Ferrari.
FURIA ESPAÑOLA ¿Se acuerda usted de las demandas planteadas por el Grupo ICA contra la constructora española Grupo Mall, a la que acusaba de incumplir con el pago de las facturas derivadas de un contrato para construir una parte de un desarrollo en Campeche?
Bien, pues ahora resulta que la firma le está cobrando daños y perjuicios al gobierno, al no cumplirle las condiciones en que se pactó su inversión.
El reclamo es por mil 69 millones de dólares.
Concretamente, los hispanos alegan que el requisito comprometido hace seis años por el gobierno encabezado por Vicente Fox para hacer redituable su desarrollo Campeche Playa, Golfo, Marina & Spa Resort, era reubicar una carretera federal para conectarlo, además de retirar una línea de alta tensión ubicada a escasos metros de la playa.
De pasadita, la empresa se queja de haber sido despojada de parte del desarrollo por la propia ICA, "ante la pasividad" del gobierno.
Por lo pronto el Grupo Mall ya llevó el caso a un tribunal de arbitraje, lo que notificó por escrito al presidente Felipe Calderón.
IMPUNIDAD A GRANEL
Desgarradas las vestiduras de la Procuraduría General de la República al señalar que la decisión de una jueza de Baja California de liberar a Jorge Hank Rhon, propicia la impunidad, hete aquí que la instancia mantiene en alto la bandera en un caso de robo a la Nación.
Estamos hablando de la detención, esta vez sí en flagrancia, de seis pipas gaseras que se surtían alegremente, ¡válgame Dios!, de una toma clandestina de un gasoducto.
Los vehículos pertenecían a las empresas Tomza, Sugas y Gas Nieto.
El boquete se abrió en el ejido Tenopalco, Estado de México.
¿Dónde quedó la bolita de la justicia? ¿En tres meses no se ha podido armar el expediente?
