La deuda pública de Coahuila se encuentra esencialmente asociada al gasto político del grupo en el poder en la entidad, como lo demuestra la reciente cancelación del programa Tarjeta del Hogar, que contra el pago de doscientos pesos mensuales, sirvió para incentivar el voto por el Partido Revolucionario Institucional en el reciente proceso electoral.
El cinismo del gobierno priista no tiene límites, porque con la certeza de que en la gente pobre es mayor el hambre que la memoria, el año entrante en que tendrán lugar las elecciones federales, volverá a manipular a los electores menesterosos que son presa de necesidades básicas insatisfechas, con la seguridad de que la sensación de ultraje y abandono que actualmente experimentan los defraudados por la cancelación de la tarjeta, se olvidará frente al ofrecimiento de una nueva dádiva.
Un gobierno de tal estilo es el primer interesado en evitar el desarrollo económico y educativo de la sociedad, porque esos factores están directamente asociados a la libertad de pensamiento y a la capacidad crítica de los ciudadanos.
Por eso en lugar de que la enorme deuda de treinta y un mil millones de pesos contraída en el sexenio de Humberto Moreira, provoque pena o al menos voluntad de rectificación, la mayoría priista en el Congreso de Coahuila dio el fin de semana pasada un albazo legislativo con la aprobación de la llamada Nueva Ley de Deuda Pública, cuyo artículo 9 fracción I autoriza a los Gobiernos del Estado y de los Municipios a contraer deuda pública sin autorización del Congreso, en tanto el vencimiento de los empréstitos no sobrepase el término de trescientos sesenta días naturales.
La ley en comento no pone límite al refinanciamiento de tales adeudos con nuevos préstamos pagaderos en el mismo plazo, lo que equivale reconocer a gobernador y alcaldes de Coahuila, una capacidad de endeudamiento por monto y tiempo indefinidos y por ende irresponsable.
La disposición en cita de entrada contradice al artículo 13 de la propia ley recién votada, que dispone que el titular del Poder Ejecutivo del Estado está obligado a presentar como iniciativa de ley ante el Congreso, el presupuesto de ingresos de cada ejercicio y sus modificaciones que contengan "los montos y conceptos de endeudamiento directo y contingente..." , por lo que al ser material y formalmente imposible excluir los empréstitos del plazo y cuantía que fueren, de su propia condición de fuente de ingresos, resulta obligado que tengan su origen en una ley que como tal depende de un proceso de trámite y promulgación ante el Congreso.
De lo anterior se concluye que la ley aprobada al vapor es violatoria del artículo 67 de la Constitución de Coahuila, cuya fracción XIV dispone que son atribuciones del Poder Legislativo establecer mediante una ley las bases conforme a las cuales, el estado, los municipios y los organismos paraestatales podrán contraer empréstitos, por lo que una simple y llana desregularización como la que se pretende, implica una abdicación del Congreso a sus propias atribuciones que dado su origen constitucional son irrenunciables.
Pero lo más grave es que la Nueva Ley de Deuda Pública cuyo comentario nos ocupa es violatoria del artículo 117 fracción VIII de la Constitución de la República, que condiciona el contraer empréstitos a Estados y Municipios, "conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos...", por lo que al emanar dichos presupuestos y empréstitos de una ley, de manera obligada deberán pasar por un proceso legislativo y por ende, por la autorización del Congreso.
Las violaciones constitucionales en las que incurre en el caso la mayoría priista en el Congreso de Coahuila son evidentes sin embargo, es posible que la ley inicua prevalezca, en un escenario político y social en el que se ha perdido la vergüenza.
