El juez segundo de lo penal en primera instancia, Adrián González Hernández, dictó auto de libertad a Fausto Destenave Kuri, director con licencia de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila, quien demostró que no tuvo nada que ver en la contratación de créditos irregulares con los bancos del Bajío y Santander.
Al funcionario se le buscó implicar en la obtención de préstamos bancarios por un total de 3 mil millones de pesos, que se consiguieron en forma irregular por el gobierno del estado, a través del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), cuyo titular era Héctor Javier Villareal Hernández.
Destenave Kuri, a quien se le pretendió imputar el delito de fraude equiparado en simulación de acto jurídico, demostró que no participó en la contratación del empréstito.
El financiamiento lo tramitó y lo consiguió el consejo directivo de la CEAS, organismo superior al entonces titular de ésta, comentó el juez y agregó: "sabemos que él (Fausto) actuó bajo un excluyente de responsabilidad penal, por tal consecuencia se le dictó el auto de libertad".
Asimismo, dijo que el inculpado presentó una serie de documentales donde demostró que es totalmente ajeno a la presenta irregularidad que se cometió cuando se contrataron los créditos de los bancos Santander y Bajío por un total de 3 mil millones de pesos.
El pasado lunes 31 de octubre, el mismo juez penal dictó auto de formal prisión en contra de Héctor Javier Villareal Hernández, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del SATEC, y el martes 1 de noviembre en contra de Sergio Ricardo Fuentes Flores ex administrador general de políticas públicas del SATEC, en ambos casos se les acusa de haber cometido los delitos de uso de documentos falsos y fraude equiparado por simulación de actos jurídicos
Los dos enfrentan sus procesos fuera de prisión porque están amparados y mientras gocen de la protección de la justicia federal tienen ese derecho.
De acuerdo con lo que establece el Código Penal en Coahuila, dichos ilícitos no son calificados como graves por eso los dos implicados tienen derecho a la libertad provisional bajo caución y disponen de 40 días para presentar pruebas en su defensa, a partir de que se les dictó auto de formal prisión.
