Miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa y académicos asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la impunidad que rodea los crímenes contra los periodistas.
Participantes a la la Conferencia Hemisférica Universitaria "Políticas Públicas para Combatir la Impunidad", se comprometieron promover leyes que blinden la libertad de expresión y el ejercicio de esta, no sólo a través de los periodistas, sino de la sociedad en su conjunto.
Durante el encuentro, en el cual participa la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), integrantes de 22 universidades de 13 países asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la impunidad que rodea los crímenes y la violencia contra los periodistas.
Esto, con el propósito de crear una red de universidades de Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y motive a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura.
En el encuentro, que inició hoy y concluirá mañana, proponen en un documento borrador de consideraciones que los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban y si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas que puedan ser investigadas a nivel federal y sean juzgadas por tribunales civiles.
En la Cumbre, que tiene el copatrocinio de la Fundación para la Libertad de Expresión, el periódico Síntesis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, participan estudiantes, académicos y periodistas de 13 países.
Los participantes estuvieron de acuerdo en plantear a sus gobiernos que las leyes obliguen al Estado investigar de oficio los casos que revelen violación a la libertad de prensa y los delitos contra la libertad de expresión y se incluya la protección de jueces, así como de fiscales que conozcan los homicidios de periodistas.
Proposieron que los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones de procesos judiciales tras ser condenadas por tribunales y organismos internacionales, además de que las fiscalías generales creen una unidad especializada que investigue los casos de ataques a la libertad de expresión.
Señalaron la necesidad de que los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de derechos humanos y periodistas en los países que existan o estén en proceso de ser aprobados, se exija su publicación y aplicación.
