Más leyes. En Estados Unidos la postura sobre las Leyes migratorias se ha polarizado.
La legislatura de Texas analiza un plan que contempla que las policías locales y estatales estén autorizadas -aunque no se les requerirá- para ayudar a implementar las leyes federales de inmigración.
La propuesta es bien diferente de las duras medidas presentadas por algunos legisladores, pero aun así causó discusiones emotivas en un panel de la Cámara Baja anoche.
Unos 1.6 millones de indocumentados viven en Texas, de acuerdo con cifras del Cetro Pew Hispano en Washington.
Decenas de partidarios y detractores atestaron una sala de audiencias en las afueras del Capitolio de Texas, deseosos de expresar sus opiniones pese lo avanzado de la hora. Los partidarios dijeron generalmente que la legislación ayudaría a la Policía a identificar a inmigrantes sin papeles que cometen delitos en el estado. Los críticos dijeron que llevaría a hostigamiento a personas por razones raciales y distraería de tareas policiales importantes. El autor de la propuesta, el republicano Burt Solomons, dijo que la Ley prohibiría que las llamadas "ciudades santuarios'' y agencias del orden adoptasen políticas que impiden que investigadores policiales provean asistencia en el cumplimiento de leyes de inmigración.
El gobernador republicano de Texas, Rick Perry, puso el asunto en debate acelerado en el Capitolio tras hacerlo tema central de su campaña de reelección en 2010.
A diferencia de la nueva Ley de inmigración de Arizona, partes de la cual están siendo impugnadas en los tribunales, la propuesta conocida como Proyecto de Ley 12 no requeriría que los policías inquieran sobre el status de inmigración o implementen leyes federales cuando las personas sean detenidas, pero la Ley no permitiría que una agencia policial adopte reglas que les prohíben a los agentes hacerlo.
Solomons dijo que su propuesta establecería "una política uniforme coherente'' en todo el estado. "Pienso que no hay nada en esta Ley que requiera que un policía haga una pregunta que no piensa que deba hacer'', dijo. "No estamos ordenando nada''. Había sido presentada una propuesta similar a la Ley de Arizona, pero el gobernador Perry ha estado trabajando con Solomons en la propuesta más moderada.
ARRESTAN A GERENTE POR CONTRATAR A INDOCUMENTADOS Mientras tanto, el ex gerente de recursos humanos de una empresa de Mississipi, fue condenado a seis meses de arresto domiciliario por haber contratado a centenares de indocumentados que luego fueron detenidos en la mayor redada realizada en la historia de Estados Unidos por agentes de inmigración en lugares de trabajo.
José Humberto González fue el único directivo de Howard Industries acusado en el 2008 en la planta de transformadores eléctricos de la empresa en Laurel. González se declaró culpable de asociación ilícita en diciembre del 2009 y fue sentenciado el jueves.
La empresa se declaró igualmente culpable de conspiración el 24 de febrero y recibió una multa de 2.5 millones de dólares. Los agentes de inmigración detuvieron a más de 600 indocumentados en la redada del 25 de agosto del 2008. La mayoría fueron deportados, aunque unos pocos fueron inculpados por usurpación de identidad, por usar documentos falsos y por facilitar esos documentos a otros trabajadores.
El juez federal Keith Starrett condenó además a González a cinco años de libertad condicional y a pagar una multa de 4,000 dólares.
Starrett indicó a González que le fueron acreditados los 15 meses que aguardó a ser sentenciado, ya que el fallo se retrasó a petición de la fiscalía debido a que la investigación seguía en curso. No fue encarcelado mientras aguardaba la sentencia.
Starrett dijo que debido a la cooperación de González, "creo que encarcelarle sería un despilfarro de recursos".
En una larga disertación ante la corte, González pidió disculpas a su familia, amigos y a los jueces.
"Sabía lo que ocurría", dijo González sobre la contratación de indocumentados en Howard. Howard Industries culpó de la situación a González. Uno de los abogados de la empresa insistió en que nadie más sabía que centenares de indocumentados trabajaban en ella.
Matan a agente fronterizo
Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron disparos con municiones no letales a un grupo de presuntos bandidos en el sur de Arizona, antes de que éstos respondieran con balas, matando a un agente a finales del año pasado, según registros de la corte obtenidos el jueves. Las solicitudes de orden de revisión del FBI presentadas en la corte federal de distrito de Tucson proporcionaron la versión más detallada hasta ahora sobre el enfrentamiento ocurrido el 14 de diciembre al noroeste de Nogales que costó la vida al agente Brian Terry. En la noche del encuentro mortal, los agentes intentaban arrestar al menos a cinco presuntos indocumentados.
Los registros, obtenidos primero por el Arizona Daily Star, también muestran que un inmigrante ilegal herido durante la balacera -quien es ahora la única persona bajo custodia vinculada al homicidio- afirma que nunca disparó un arma de fuego.
El hombre no ha sido acusado en relación con la balacera fatal, sino sólo por reingresar al país después de ser deportado, y espera un juicio para el 10 de mayo, según el diario. Ese sujeto fue una de cuatro personas arrestadas cerca del lugar de los hechos la noche del enfrentamiento, dijeron las autoridades. Los otros tres eran indocumentados mexicanos, quienes fueron liberados y deportados.
