Replantearse. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en 2008, debe replantearse.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en 2008, debe replantearse porque se ha convertido en una simulación por el incumplimiento de los compromisos asumidos por la federación, estados y municipios, afirmó María Elena Morera, presidenta de la organización civil Ciudadanos por una Causa en Común.
En entrevista la activista presentó un informe del seguimiento en el que se concluye que la mayoría de los 74 compromisos pactados en el acuerdo por representantes de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil se han incumplido, y que varios de ellos, incluso, infringen la fecha límite para concretarlos.
Morera, una de las principales impulsoras del acuerdo firmado el 20 de agosto de 2008, explicó que, de manera general, se podría pensar que los compromisos fueron cumplidos, porque la mayoría lo está de manera parcial, pero al analizarlos a detalle se comprueba que no es así: "No es un cumplimiento real", afirmó.
El informe elaborado por Causa en Común analiza 18 de estos 74 compromisos, en los cuales se detectaron las mayores inconsistencias y simulación. Según el documento, el avance en las acciones realizadas por los tres poderes federales, los gobiernos estatales y municipales es simulado, pues ninguno alcanza siquiera el 50% de compromisos cumplidos totalmente.
"Realmente es una vergüenza para nosotros como ciudadanos ver que las autoridades simulan y justifican el haber cumplido ya sea con un documento o en cifras, pero cuando vamos al fondo del asunto, o no hay información suficiente para decir por qué sí cumplieron o en realidad no hay cumplimiento", expuso.
El acuerdo definió una serie de acciones, con plazos de cumplimiento, en materia de depuración y profesionalización de cuerpos policiacos, fortalecimiento del sistema de aduanas, combate al "lavado" de dinero, mejoramiento del sistema penitenciario y reformas legislativas en seguridad pública y procuración de justicia que, aseguró, no se han concretado "ni siquiera a medias".
En términos generales, el Poder Ejecutivo federal registra un avance de 44% en compromisos cumplidos totalmente, 53% lo están parcialmente y 3% incumplidos. El Legislativo tiene 86% de compromisos cumplidos de manera total y 14% en forma parcial, mientras el Poder Judicial ha cumplido en su totalidad 70% de las acciones pactadas y parcialmente 30%.
La peor evaluación corresponde a las entidades federativas y municipios, que registran 0% de cumplimiento total; en compromisos parcialmente cumplidos los estados tienen 83% y los gobiernos municipales 18%, mientras los no cumplidos representan 17% y 82% , respectivamente.
En el análisis de los compromisos concretos, Morera destaca la depuración de las instituciones de seguridad pública y justicia y el establecimiento de 40 centros de control de confianza y certificación, pero a tres años funcionan sólo 10.
Ante los escasos resultados, María Elena Morera consideró que el acuerdo suscrito hace tres años debe replantearse con la participación de todos los sectores y tomando en cuenta todas las propuestas, para definir qué país se quiere para los próximos 20 años.
EL UNIVERSAL
