L A madrugada del pasado jueves 15 de septiembre, 30 elementos de la Marina irrumpieron en la casa del diputado federal neoleonés Eduardo Bailey, sin que mediara orden de cateo alguna, abriendo violentamente la puerta y sometiendo a sus dos hijos menores de edad y a su esposa, amagándolos con armas de alto poder. Los marinos concluyeron su acción "disculpándose y diciendo que había sido un error", según dijo el diputado federal.
Bailey externó su molestia y de acuerdo a lo difundido en el diario regiomontano El Norte, señaló: "Es mi obligación denunciarlo, externarlo a la opinión pública y exigirles a las autoridades federales, al secretario de Gobernación (Francisco Blake) particularmente, al secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), al Ejecutivo federal, que se esclarezcan estos hechos". El medio también señala que el Cuartel General de la Marina giró instrucciones al Batallón desplegado en Monterrey para iniciar una investigación al respecto.
En la madrugada del 4 de junio de este año, miembros del Ejército irrumpieron en el domicilio de Jorge Hank Rohn, en Tijuana, concluyendo dicha acción con la detención del propietario del inmueble y 10 empleados suyos y la incautación de 88 armas de fuego y 9 mil cartuchos. El presidente Felipe Calderón declaró a Joaquín López Dóriga, en una entrevista con motivo de su V Informe de gobierno, que las pruebas periciales habían demostrado que dos de las armas incautadas en dicha acción habían sido utilizadas en varios asesinatos. Finalmente, Hank Rohn fue liberado porque demostró que el allanamiento fue ilegal y, por lo tanto, el resultado de dicha acción carecía de todo valor probatorio, como señala el artículo 16 de la Constitución
Dos hechos separados en el tiempo y en el espacio y, muy probablemente, hasta con motivaciones y obedeciendo a órdenes muy diferentes, pero que muestran la ausencia total de respeto a la legalidad y al tan nombrado Estado de Derecho.
En ninguno de los dos casos se justifica la irrupción violenta de las fuerzas armadas en un domicilio particular sin orden de cateo; todavía está por verse cual es la consecuencia de dicha ilegalidad en el caso de la casa del diputado federal, pero en el de Hank Rohn fue la llave que abrió la puerta de la cárcel para liberar a una persona que (de ser cierta la afirmación de Calderón) contaba con elementos para presumir su participación o la de sus empleados en homicidios dolosos.
Pero menos se justifica la irrupción a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, que contempla la figura de los "jueces de control que resolverán en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial". Dichos jueces empezaron a operar el 5 de enero del 2009 y deben resolver las solicitudes que les presenten los agentes del Ministerio Público en menos de 24 horas; de acuerdo a un informe, emitido por la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, después del primer trimestre de operaciones las solicitudes de cateo tardaron en resolverse un promedio de 11 horas, lo cual muestra "prontitud y eficiencia" con la que operan dichas instancias.
Hoy no existe pretexto alguno para irrumpir en un domicilio particular sin previa emisión de la orden de cateo, salvo que se pretenda desaparecer a los habitantes del mismo, sembrarles pruebas para inculparlos de delitos que no cometieron o protegerlos mediante el acopio de pruebas por vías ilegales, lo cual se traducirá finalmente en su absolución.
Sin embargo, igualmente ilegal es que la PGR no inicie, en ambos casos, la integración de una averiguación previa y la consigne a los juzgados penales. No son la Marina ni el Ejército las instancias que deben iniciar las investigaciones, pues de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte, dictada el 12 de julio pasado, ahora sí tiene plena vigencia el artículo 13 de la Constitución que señala textualmente: "Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". Y en ambos casos hay delitos cometidos en contra de paisanos (civiles), por lo cual, lo que procede es que conozca la autoridad civil y no las militares.
El asunto cobra especial relevancia porque hoy, de acuerdo a un informe del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), hay 51 mil militares cumpliendo labores de seguridad pública, "que en un estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles".
Hay que aceptar que hay evidencias de que los miembros del Ejército y la Marina y sus familias también han sido víctimas de los arteros ataques de la delincuencia organizada, sin embargo, los primeros obligados a respetar la ley e instaurar el Estado de Derecho, hoy evidentemente ausente en México, son las autoridades. Con este tipo de acciones claramente ilegales, no sólo no se contribuye a dicha causa, sino que se opera exactamente en el sentido contrario.
Uno de los riesgos de este creciente clima de inseguridad es que un porcentaje cada vez mayor de la población, como es evidente en las encuestas de cultura política, acepte que se violen sus derechos fundamentales en aras de restablecer la paz, lo cual es absolutamente ilusorio, pues por esa vía estaremos transitando a la "ley de la selva": la sobrevivencia del más poderoso (en este caso el que posea más y mejores armas) sin reglas que regulen la convivencia.
